Como parte de las investigaciones del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, autoridades mexicanas se preparan para ejecutar nuevas órdenes de aprehensión que por primera vez podrían incluir a militares, informaron a la agencia Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto.

Desde que ocurrieron los hechos en Guerrero, organismos internacionales han presionado a México para extender las investigaciones a otras fuerzas de seguridad, además de las policiales, que estuvieron presentes en momentos clave durante los sucesos ocurridos en la ciudad de Iguala.

“Las órdenes de aprehensión incluyen a policías municipales, ministeriales y federales de Guerrero, así como miembros (militares) del 27 batallón”, dijo una fuente consultada por Reuters que prefirió no ser nombrada. Otra, que también pidió el anonimato, confirmó la información.

Ni la fiscalía, ni representantes de la llamada “Comisión de la Verdad” del llamado caso Ayotzinapa respondieron a solicitudes de comentarios por parte de Reuters. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que no tenía información al respecto.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el sábado 26 de septiembre, al cumplirse seis años del ataque, “se va a informar qué se ha logrado” en el caso y sobre “las órdenes de aprehensión que están en curso”. El mandatario ha insistido en que no habrá impunidad en el caso.

Otra de las fuentes consultadas por Reuters aseguró que, en todos los casos, la base de las órdenes de captura se fundamentan en pruebas suficientes que previamente tuvo que autorizar un juez para su ejecución.

Las fuentes mencionaron desconocer cuántas órdenes de detención estarían por emitirse próximamente ni cuándo las ejecutarán.

La desaparición de los jóvenes destapó graves fallas en el sistema de justicia en México, que presionado tuvo que abrir el caso a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en acuerdo con el país designó en 2015 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en las indagatorias.

El GIEI echó abajo la llamada “verdad histórica” del Gobierno de entonces, según la cual los estudiantes fueron quemados en un basurero en Guerrero, y dejó al descubierto la corrupción en torno al caso que ha llevado a funcionarios de alto nivel a prisión mientras que otros son buscados para su detención.

El grupo de cinco expertos ha insistido en hacer interrogatorios directos a soldados, pero ni el gobierno del expresidente Enrique Peña ni el de López Obrador lo han permitido. No obstante, sí los hicieron a policías municipales, estatales y federales, incluso a miembros de la delincuencia organizada que habrían participado en la desaparición.

En sus extensas investigaciones los expertos hallaron que uno de los efectivos castrenses habría videograbado el momento en que desapareció el mayor número de estudiantes.

El caso de los estudiantes del magisterio, de quienes hasta ahora se han hallado restos de sólo dos, puso al descubierto la crisis humanitaria en México, desatada por grupos criminales coludidos en muchos casos con autoridades.