La semana pasada le platicaba en este espacio sobre la falta de rumbo en materia de estrategia digital. No hay articulación entre autoridades, ni políticas públicas, ni claridad en los qués ni los cómos. Ahora, además, podemos anexar a esa lista de problemas el aumento desmedido del pago de derechos del espectro radioeléctrico que propuso Hacienda al Congreso para 2021 y que, de aprobarse así, terminará por afectar el bolsillo de todos.

Para prestar servicios inalámbricos, como telefonía celular o internet, las empresas utilizan espectro que es un bien de la nación. Por su uso, los operadores deben pagar una contraprestación que está integrada por dos componentes: el que pagan cuando ganan la licitación y el que enteran anualmente por concepto de derechos (como si fuera una renta) que representa alrededor de 90% del total.

¿Qué propuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones a Hacienda? 

1. Envió un comparativo de 42 países ajustado por PPP y PIB per cápita para definir el valor total de la banda tomando en cuenta la media internacional. Propuso ajustar la proporción de los dos componentes económicos del espectro que le comentaba, 30% derechos y 70% la contraprestación inicial por el otorgamiento de la concesión, y

2. Sugirió como segunda opción el acreditamiento de las inversiones que los operadores móviles hagan para llevar servicios a poblaciones que hoy no cuentan con ellos, contra el pago de derechos por el uso del espectro.

¿Qué hizo Hacienda? Decidió que los derechos de las bandas de cobertura aumenten 48% (banda 800 y 850 MHz) respecto del monto de 2020, por considerar que estaban subvaluadas (26% debajo de la media internacional), pero las bandas de capacidad (AWS, PCS y 2.5 GHz) que se encuentran 60% arriba de la media no fueron ajustadas a la baja, con lo que Hacienda es incongruente con sus propios argumentos de ajuste. Además, la propuesta de Hacienda de derechos para las nuevas bandas 5G, que no se han licitado aún, es 2.86 veces mayor a la sugerida por el instituto. Una locura.

A esto debemos sumar los siguientes elementos:

1. Telefónica está regresando espectro concesionado por no poder pagar ya los derechos.

2. Están en puerta próximas licitaciones que podrían verse comprometidas.

3. Es la primera vez que se aumentan los derechos más allá de la inflación.

4. El principio de neutralidad competitiva se ve afectado al no aplicar ningún incremento a la banda de 700 MHz que tiene concesionada la Red Compartida de Altán con el gobierno, que sólo paga 10% en relación con el resto de las bandas.

5. Todo esto podría entrañar una violación al T-MEC.

6. La visión del sector debe cambiar, sigue siendo recaudatoria y esto aleja cada vez más el objetivo de lograr una inclusión digital universal.

Así que, de aprobarse como Hacienda propone, el Congreso estaría avalando un retroceso en el avance del país: más ingresos de actividades como las telecomunicaciones para proyectos como el Tren Maya o Dos Bocas, lo que llevaría a los operadores forzosamente a aumentar tarifas. Vamos como cangrejos.

En la sobremesa Medios públicos de primera y de segunda. Algo pasa en los medios públicos que no está bien. Mientras al Sistema Público de Radiodifusión, que dirige Jenaro Villamil, se le otorgan 1,041 millones de pesos para 2021 (800 millones más que en 2020), otros medios como Canal 22 y Radio Educación verán menos recursos el próximo año. Esto podría solucionarse etiquetando la bolsa millonaria otorgada al SPR, para proyectos de todos los medios públicos y no sólo de uno, ojalá sean sensibles a esto los Diputados.

*Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana en México. Este artículo refleja la posición personal de la autora.

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