Liconsa dejó fuera del reparto de leche subsidiada a más de 478 mil mexicanos en situación de pobreza, incrementó 150% el precio del litro a los más pobres y eliminó de su lista prioritaria de abasto a 67 de los municipios con mayor marginación del país que recibían el lácteo a tarifa preferencial.

Todo esto ocurrió en 2019, el primer año del actual gobierno federal, cuyo lema ha sido “Primero los pobres”.

Una auditoría realizada a inicios de 2020 por el Órgano Interno de Control de la propia Liconsa revela que al cierre del ejercicio 2019 se había atendido con leche subsidiada a 5 miIllones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido la de alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios, que era la cobertura lograda un año antes, el último de Peña Nieto. Es decir, se dejó sin leche a más de 478 mil mexicanos.

La cobertura alcanzada en 2019 fue, además, la más baja en una década. En 2010 el abasto de leche superó los 6 millones de beneficiarios y en 2013 llegó a un récord de 6 millones 490 mil, según cifras auditadas y validadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Los directivos de Liconsa  habían fijado como meta suministrar en 2019 leche a precio subsidiado a 3 millones 829 mil mujeres pero sólo se atendió a 3 millones 466 mil, con lo que se dejó fuera a 363 mil, según cifras de la auditoría interna efectuada a la Dirección de Operaciones de Liconsa, de la que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copia.

La revisión refiere que tan sólo en 12 centros de distribución del país se recortó del padrón a 983 mil personas que antes recibían leche y, en contraste, se dio de alta a otras 756 mil.

Esto significó la pérdida -tan sólo en esos 12 estados- de 227 mil beneficiarios del padrón de cobertura.

La baja de beneficiarios es un procedimiento para depurar y actualizar el padrón, con lo que reducen el riesgo de  malas prácticas o irregularidades. Pero la política de Liconsa es que las bajas se deben compensar con la alta de otras familias en pobreza.

El 20 de marzo de 2020, la titular del órgano interno de control de Liconsa, Blanca Leticia Ocampo, envió un oficio al director de Operaciones, Bernardo Fernández Sánchez, en el que le reportó las inconsistencias detectadas en los reportes del uso de las tarjetas de beneficiarios y en los indicadores del programa de abasto de leche subsidiada.

Posteriormente, en un oficio enviado el 8 de junio de 2020 al mismo órgano interno, la Subdirectora del Padrón de Beneficiarios de Liconsa, Olivia García, aseguró que se habían aplicado medidas para corregir las fallas detectadas por la auditoría y cumplir con la meta de cobertura. Como parte de esas acciones se programaron visitas de supervisión a cada centro de Liconsa, pero éstas tuvieron que ser suspendidas por la pandemia del COVID-19.

Tras los hallazgos de la auditoría por irregularidades en el abasto trascendió la renuncia al cargo de director de Finanzas, René Gavira, responsable de asignar presupuesto para la adquisición y el reparto de la leche.

Suben precio a los más pobres

Además de atender a menos personas, el Consejo de Administración de Liconsa decidió a mediados de 2019 incrementar el precio de la leche a los municipios con mayor marginación y pobreza del país.

El precio del litro a esos municipios era de 1 peso y a partir de julio de 2019 se elevó a 2.50 pesos, un incremento de 150%, según el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 352 del 11 de junio del año pasado.

Además, el mismo Consejo decidió en esa sesión recortar el número de municipios cuya población recibía la leche subsidiada. De un listado de 616 municipios en los que se vendía la leche a un peso, el padrón quedó en 549 con el nuevo precio de venta de 2.50 pesos.

Se dejó fuera 67 municipios con elevada marginación, que equivale al 10% del padrón anterior. Entre las localidades que quedaron fuera están Atarjea, Guanajuato; Calakmul, en Campeche; Tamazula y Topia, en Durango; Carácuaro, Chinicuila y Churintzio, en Michoacán y Pinal de Amoles, en Querétaro, todos municipios con bajo índice de desarrollo humano.

Con esa medida se redujo el volumen de leche entregada a la población más marginada.

Entre enero y junio de 2019 se repartieron 17 millones 476 mil litros en 616 municipios de extrema pobreza en 21 estados y para la segunda mitad del mismo año (julio-diciembre) se redujo a 17 millones 271 mil litros en 549 municipios marginados de 18 estados. La reducción fue de 205 mil litros de un semestre a otro.

Si bien se redujo el volumen, el aumento del precio a la población más pobre permitió  a Liconsa elevar sus ingresos. En el primer semestre la dependencia cobró 17.4 millones de pesos por la leche subsidiada a un peso y para el segundo semestre captó 43.3 millones de pesos con la leche a 2.50, revela una segunda auditoría independiente encargada al despacho Salles, Sainz, Grant Thornton.

En 2020 continuó el programa de leche a 2.50 pesos en los municipios con mayor marginación, pero la cobertura se restringió todavía más, pues de 18 estados incluidos en 2019 se recortó a sólo 16. Los estados que quedaron fuera son Guanajuato y Nuevo León, que entre enero y abril del presente año no recibieron ni un solo litro en este programa destinado a la población más pobre.

Pese a que el aumento de precio se aprobó hace más de un año, no trascendió en los medios. Sólo el ex director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, comentó en su cuenta de twitter sobre el alza el 27 de junio de 2019, pero su mensaje sólo logró tres “likes”.

Liconsa vende su leche subsidiada en tres distintos precios: a 5.50 pesos el litro en su programa de abasto social en las lecherías ubicadas en colonias populares y zonas rurales; a 4.50 en Chiapas, Guerrero y Oaxaca (los tres estados con mayor marginación), y a 2.50 pesos en los municipios con extrema pobreza. Además, vende producto sin subsidio a particulares, como una fuente adicional de ingresos.

El argumento de Liconsa

La decisión de elevar el precio de la leche a los más pobres la tomó de manera unánime el consejo de Liconsa, con el argumento de que la tarifa de un peso por litro la había establecido la anterior administración federal de manera arbitraria, sin sustento, basada en una prueba piloto inicial en 150 municipios en 2016, que luego se extendió paulatinamente a más localidades hasta sumar 616 en 2018.

“Nunca hubo una medición real del impacto de la prueba piloto”, argumentó Ignacio Ovalle Fernández ante los consejeros en la sesión del 11 de junio de 2019, cuya acta fue obtenida por MCCI.

El Director de Liconsa dijo a los consejeros que ya no era posible mantener la política del precio de a un peso el litro de leche, por lo que sugirió incrementarlo a 2.50 el litro.

“Sobre todo porque se debe considerar que Liconsa también debe buscar rentabilidad financiera para tener recursos suficientes y continuar extendiendo el Programa de Abasto Social de Leche, ya que cuando menos debe duplicar la población atendida si quiere lograr el objetivo de eliminar la pobreza alimentaria para el año 2024”, argumentó Ovalle.

Con él coincidió el director adjunto de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, Mario Alberto Domínguez Acosta: “Sin perder el aspecto social de la empresa (en referencia a Liconsa), se tiene que ver la rentabilidad de la misma, es decir, que un precio de esa naturaleza de un peso el litro sangra, porque cuesta”.

El aumento fue aprobado por unanimidad por el consejo de Liconsa, que preside David Monreal Ávila, coordinador de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los otros consejeros que votaron a favor fueron: Mario Alberto Domínguez Acosta, de la Secretaría de Hacienda; José Luis García Baltazar, director de convenios de la Secretaría de Bienestar Social; Jorge Eduardo López Valdez, director de análisis de la Secretaría de Economía; Laura Itzel Castillo Juárez, de la Secretaría de Salud; Érika Poblano Sánchez, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Ricardo Ramírez Valles, del Instituto Nacional de la Economía y Martha Albarrán Díaz, subdirectora de producción de lácteos.

Según el Director de Liconsa, la decisión de la pasada administración de ampliar a 616 municipios la cobertura de leche a un peso excedió a los 549 que por definición son los municipios objetivo que se encuentran en extrema pobreza.

Incluso, dijo que el gobierno anterior no atendía a los 616 municipios incluidos en el programa, sino que sólo daba cobertura a 576. Los consejeros decidieron eliminar a 72 municipios que no se justificaban e incorporaron a 45 muy pobres que no estaban considerados.

Con esos ajustes, a partir del segundo semestre de 2019 el abasto de leche a precio preferencial de 2.50 se limitó a 549 municipios.

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