Suma Casino Royale 9 años de impunidad Acusan familiares de las víctimas

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Suma Casino Royale 9 años de impunidad Acusan familiares de las víctimas

No hay justicia. De acuerdo con familiares, la CNDH ha contribuido para que los detenidos tengan oportunidades para defenderse pese a ser asesinos confesos. EL UNIVERSAL
Buscan deudos reunirse con el Presidente en la visita que hará este jueves

MONTERREY, NL.- Las familias de las 52 víctimas que murieron durante el ataque de un grupo del crimen organizado al Casino Royale, cumplen hoy nueve años reclamando justicia. Esperan que el próximo jueves pueda atenderlos el presidente Andrés Manuel López Obrador en una visita que realizará a la entidad para decirle “que la corrupción y la impunidad es la bandera que ha ondeado” en este caso.

Samara Pérez Muñiz, madre de Xavier Muraira, quien falleció en el incendio provocado presuntamente como una represalia contra los propietarios del casino por no pagar una cuota de “protección”, refirió que hace unos días acudieron familiares de las víctimas a dialogar con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para conocer el estado de los procesos contra los presuntos responsables.

En dicha reunión, agregó Pérez Muñiz, se dieron cuenta de que los agresores están llevando varios amparos y esto ha entorpecido y alentado los procesos legales. “Si ya tenemos nueve años con esto, vuelve otra vez la maquinaria judicial a empezar el proceso legal y es muy desgastante”, comentó.

Expuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debería representarlos para darle seguimiento a los procesos jurídicos, pero esto no ha sucedido.

“Tiene uno que acudir, no somos abogados, ahí uno da la cara”, refirió y denunció que unas declaraciones que ella hizo ante el Tribunal Superior de Justicia no los tomaron en cuenta los magistrados dentro de un juicio de amparo promovido por tres acusados.

Pérez Muñiz mencionó que de 15 presuntos participantes en el ataque armado e incendio, tres tienen sentencia, pero el resto siguen sus procesos abiertos y obstruidos por amparos, pues alegan supuestas violaciones a sus derechos sobre cómo fueron arrestados y argumentan que fueron torturados.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido una apertura enorme para que asesinos confesos tengan esas oportunidades para defenderse en el sistema de justicia penal mexicano”, aseveró la madre de una de las víctimas.