La contingencia sanitaria rebasó las medidas para prevenir contagios al interior de los centros penitenciarios en todo el país; y detonó en carencias como falta de insumos, equipo, medicamentos e infraestructura médica; sobrepoblación, hacinamiento e insalubridad.

Hasta junio la cifra era de 59 fallecidos y población vulnerable con indígenas, adultos mayores, discapacitados, enfermos mentales y extranjeros.

Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enviado al Senado de la República, detalla que otras ineficiencias tienen que ver con falta de agua potable y la invisibilización de las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad, que por años han sido desatendidos; elementos detonadores que al no ser observados y corregidos, generan violaciones a los derechos humanos, en una propagación del virus exponencialmente más rápida, cuyos resultados incluso serían irreparables.

Las mayores deficiencias tienen que ver con carencia de personal (72.68 por ciento) insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.67 por ciento), materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84 por ciento), separación entre procesados y sentenciados (55.19 por ciento), programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91 por ciento), presencia de actividades ilícitas (40.44 por ciento), sobrepoblación (33 por ciento), hacinamiento (32 por ciento), servicios de salud (32.79 por ciento.

Todo lo anterior, dice la CNDH, implica una elevación significativa del riesgo de propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Entre la población de atención prioritaria y de origen extranjero: 7 mil 145 son indígenas; adultos mayores 6 mil 665; con discapacidad y/o patología 21 mil 793; padecimientos mentales e inimputables 5 mil 022; y extranjeros 2 mil 580.

Al 4 de junio del 2020, se tenían detectados 395 casos confirmados acumulados, 232 sospechosos, 59 defunciones, 3 riñas o motines por medidas de seguridad y 77 personas recuperadas.