Propiedades en México y en el extranjero, cuentas bancarias con millones de dólares en bancos europeos y paraísos fiscales, presuntas grabaciones en donde se habrían registrado sobornos a legisladores y funcionarios, y una nueva denuncia en marcha por posible lavado de dinero.

Estos son los elementos clave dentro del proceso penal que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, enfrentará en México una vez que quede a disposición de jueces mexicanos tras ser trasladado desde España, donde fue detenido el año pasado.

Lozoya aceptó ser extraditado a nuestro país y ha prometido colaborar con las autoridades mexicanas para evidenciar una presunta red de corrupción a nivel federal en el sexenio pasado. A cambio podría obtener beneficios que van desde un juicio corto y una pena reducida, o incluso una libertad anticipada.

Pero para que lo anterior ocurra tiene que cumplirse con un procedimiento que la ley marca en el que, además, el exdirector de Pemex deberá colaborar no solo narrando hechos ilegales en los que haya participado, sino entregando pruebas que lo sustenten y bienes que reparen el daño causado.

A continuación, Animal Político detalla los puntos clave de este caso, desde la forma en cómo iniciará el juicio en México y los cargos que se le imputan, pasando por las condiciones de la colaboración, hasta los posibles beneficios que podría alcanzar si la cooperación resulta efectiva.

Y si el exdirector de Pemex se queda preso, tendrá de vecinos de celda a notables expriistas que también están bajo proceso. Al final de esta nota se detalla quiénes son ellos.

Las órdenes de arresto y los nuevos cargos

Sobre Emilio Lozoya Austin pesan dos órdenes de aprehensión que son las que dieron pie a la solicitud original de extradición. 

Una es la relacionada con los presuntos sobornos por poco mas de 9 millones de dólares que habría recibido de la constructora Odebrecht y por los cuales se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. La segunda orden es por un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares que el exdirector de Pemex recibió de la empresa Altos Hornos , y por lo cual también se le imputa el delito de lavado de dinero.

El detalle de cómo se dieron estos pagos y las triangulaciones para ocultarlos se detallan en esta nota.

Pero a esos cargos podrían sumarse nuevas investigaciones. Mandos de la Secretaría de Hacienda confirmaron a este medio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará una nueva denuncia ante la FGR en contra del exdirector de Pemex. 

En febrero, el titular de la UIF, Santiago Nieto, había informado de cuatro denuncias presentadas en la FGR contra el exfuncionario por su implicación en la red de sobornos de Odebrecht y por defraudación fiscal. La nueva denuncia sería la quinta contra Lozoya.

La posibilidad de que a Lozoya se le puedan adherir nuevos cargos surge luego de que él mismo renunció al denominado “principio de especialidad”, que es una condición que existe en las extradiciones para que una persona solo sea juzgada al país al que se le manda por los delitos por los cuales fue reclamado originalmente.

El arranque del proceso en CDMX

Cuando Lozoya Austin llegue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un médico legista de la Fiscalía General de la República (FGR) verificará su estado de salud. Si no hay inconveniente, se solicitará a uno de los jueces federales de Reclusorio Norte que giraron las órdenes de aprehensión en su contra que programe una audiencia inicial para recibir al imputado.

Una vez que la solicitud quede planteada Lozoya será trasladado al referido centro penitenciario para comparecer en una audiencia inicial, en la que los fiscales detallarán las imputaciones en su contra. Posteriormente la defensa fijará su postura. Finalmente, el juez definirá si hay evidencia suficiente para sujetar formalmente a proceso al exdirector de Pemex tanto por el caso Odebrecht, así como por el de Altos Hornos.

La audiencia finalizará con la imposición de una medida cautelar en contra de Lozoya, que puede ser de prisión preventiva si los fiscales así lo piden y argumentan por qué es necesario.

Por ley esta audiencia debería ser pública, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria se realizará a puerta cerrada. Incluso es posible que el juez y las partes se ubiquen en espacios separados y se conecten por videoconferencia, o que se distribuyan de forma separada en una misma sala.

El Conejo de la Judicatura Federal anunció ayer que dará a conocer los pormenores de la misma a un grupo de periodistas a través de un canal de Whatsapp, con la finalidad de que se transmita lo sucedido al público en general.

La colaboración: lo que hay que narrar, probar y entregar

Para que Lozoya alcance algún beneficio legal es necesario que colabore con la FGR con información que evidencie la comisión de delitos que sean más graves que los que a él se le imputan. Si él mismo está involucrado en alguno de estos hechos es importante que señale a participantes de mayor nivel implicados. Por ejemplo, si se trata de un caso de corrupción debería evidenciar a funcionarios de mayor rango que el suyo.

Pero dichas acusaciones y señalamientos deben estar acompañadas, además, de elementos o evidencias verificables (documentales, financieras o de cualquier índole) que ayuden a la FGR a construir un caso en contra de los otros implicados. 

En ese contexto fuentes con conocimiento del caso señalaron a Animal Político que Lozoya ha referido que tiene 18 horas de grabaciones que supuestamente evidencian el pago de “moches” (sobornos) a legisladores de oposición en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la finalidad de que se aprobara la reforma energética. 

De existir dichas grabaciones estas deberán ser entregadas a la FGR para su resguardo, procesamiento y análisis. Lozoya además deberá estar dispuesto a convertirse él mismo en testigo en contra de otros implicados.

Sumado a lo anterior Lozoya también debe estar en disposición de entregar bienes que no solo evidencien los hechos ilícitos, sino que a su vez ayuden a reparar el daño causado.

Entre esos bienes se encuentran cuentas bancarias abiertas por prestanombres en Europa y en paraísos fiscales como Islas Vírgenes, con las cuales se habrían hecho más de 15 triangulaciones de recursos por millones de dólares para – presuntamente – ocultar el pago de sobornos de la empresa Odebrecht y de Altos Hornos.

El exdirector de Pemex también debe poner a disposición de los fiscales propiedades que hayan sido adquiridas a través de recursos de origen ilícito. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, una residencia en el fraccionamiento Lomas de Bezares en Ciudad de México y otra residencia más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Esto sumado a otros bienes en el extranjero.

Los beneficios: juicio corto o exoneración
Si Emilio Lozoya aporta información suficiente que sirva para procesar por delitos más graves a funcionarios superiores, puede alcanzar un beneficio que la ley denomina como “criterio de oportunidad”, y que le permitiría incluso ser exonerado y recuperar su libertad.

Otra alternativa, si lo que aporta no es suficiente pero igual auxilia a las autoridades, es buscar un juicio corto denominado “procedimiento abreviado” en donde deberá aceptar ser culpable, pero se le impondrá – con el aval de la FGR – una pena mínima.

En esta nota se detalla, a profundidad, cuáles son las condiciones y procedimientos para logar dichos beneficios, y en qué momento del proceso penal se podrían aplicar al exdirector de Pemex.

Centro penitenciario de priistas
En caso de que los fiscales soliciten como medida cautelar que Lozoya Austin se quede preso de forma preventiva mientras se desarrolla su proceso, este será recluido en alguna de las celdas del área de ingreso del Reclusorio Preventivo Norte.

Ello lo convertiría en el tercer personaje ligado al PRI que es recluido en dicha área de seguridad del centro penitenciario capitalino.

Los otros dos son el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una sentencia de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictuosa; y Juan Collado, abogado de priistas, quien enfrenta un proceso penal en curso por el delito de delincuencia organizada.