El exgobernador César Duarte, detenido el miércoles pasado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, acumuló en Estados Unidos 50 propiedades susceptibles de ser embargadas, indicó el actual mandatario de Chihuahua, Javier Corral.

Durante una gira de trabajo, Corral detalló que fue contratado por el gobierno estatal un despacho estadounidense de abogados, para identificar las propiedades de Duarte, ya sea a través de prestanombres o a nombre de sus familiares.

“Habiendo nosotros entregado originalmente un listado de cerca de 10 bienes inmuebles que se identificaron como propiedad del exgobernador, el despacho ha identificado alrededor de 50 bienes en los Estados Unidos en Nuevo México, Texas y en Florida, incluso, una de las recientes ubicaciones que se habían hecho era precisamente este negocio, este taller denominado Chávez, (en donde fue detenido), que ya había sido identificado por el despacho”, dijo Corral, de acuerdo con un boletín del gobierno de Chihuahua.

El grupo de abogados contratados, aseguró Corral, cobrará una comisión pero hasta que se recuperen los bienes, “por lo cual este acuerdo no implica en la actualidad erogación alguna por parte de la administración estatal”.

“Nuestro principal propósito, como siempre lo hemos dicho, es poder recuperar, poder reintegrar al pueblo de Chihuahua, los recursos que le arrebataron, el fruto de lo robado, por eso la Operación Justicia para Chihuahua está más vigente que nunca”, dijo Corral.

La primera orden de aprehensión contra Duarte la emitió la Fiscalía chihuahuense el 27 de marzo de 2017, tras detectar un desfalco de 6 mil millones de pesos y el desvío de otros 250 millones de pesos. 

Desde ese día, Duarte era oficialmente un prófugo de la justicia mexicana, la cual pidió ayuda, incluso, a la Interpol para que emitiera una ficha roja de búsqueda y captura en 190 países.

Aunque el exgobernador no estaba muy lejos. Había huido al país vecino, a Estados Unidos, al que accedió el 28 de noviembre a través del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Desde entonces, Duarte se movió por varios estados de la Unión Americana, refugiándose especialmente en Nuevo México y Texas, donde posee varias propiedades.

Meses después de la primera orden de aprehensión, el 30 de junio de 2017, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que también obtuvo otra orden en contra del exgobernador.

La Fiscalía dirigida en ese entonces por Santiago Nieto, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusa a Duarte por la presunta retención ilegal del sueldo a 700 empleados del gobierno de Chihuahua, durante seis años, que acumularon un mínimo de 79 millones de pesos, presuntamente entregados al PRI para financiar campañas electorales ilegalmente.

Como parte de este tema electoral, también fue detenido Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI. El 7 de mayo del año pasado, Gutiérrez fue condenado por el delito de peculado.

Por otra parte, la Auditoría Superior del estado de Chihuahua también acusó a César Duarte por presuntos desvíos cuantificados en más de 6 mil millones de pesos.

Y en febrero de 2018, Animal Político publicó una nota en la que dio a conocer que, durante 2016, el exmandatario dispuso de 7 mil 713 millones de pesos provenientes de financiamientos a corto plazo, de los cuales no fue posible identificar el destino y la aplicación de esos recursos.

No obstante, todas estas órdenes de aprehensión y señalamientos de desvíos millonarios no desencadenaron ninguna consecuencia contra César Duarte. El motivo: la Fiscalía General de la República acusa a su antecesora, la vieja PGR, de haber congelado el caso.

Por eso, no fue hasta octubre de 2019, ya con la nueva administración de gobierno, que otra jueza de control del Distrito de Chihuahua libró otra orden de aprehensión contra Duarte y con fines de extradición. Misma que ayer se concretó con la captura del exgobernador en Miami, Florida.