El asesinato del presidente Venustiano Carranza, el 21 de mayo de 1920 (se acaban de cumplir cien años), tuvo enorme impacto en la política interior de Coahuila. Sus partidarios fueron marginados y algunos se exiliaron. El gobernador Gustavo Espinosa Mireles, quien era de sus seguidores, se vio obligado a renunciar apenas seis días después del magnicidio. Tomó su lugar como gobernador sustituto, del 27 de mayo de 1920 al 30 de noviembre de 1921, el general Luis Gutiérrez Castro, de las confianzas de Álvaro Obregón.

El 28 de agosto de 1921 tocó celebrar elecciones de gobernador y para renovar el Congreso. Como ejecutivo estatal resultó electo –según era de esperarse– otro amigo de Obregón, el general Arnulfo González Medina, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 1921.

Dos semanas antes, el 15 de noviembre, rindieron protesta los nuevos diputados integrantes de la XXV Legislatura. Su función debía concluir el 14 de noviembre de 1923, pues entonces la duración del cargo de diputado era de dos años, no de tres como es ahora. En aquella época, el Congreso tenía su recinto en un salón del Palacio de Gobierno, a un lado de donde despachaba el gobernador.

Al instalarse el órgano legislativo, se presentó un problema en apariencia menor. Nadie imaginó la enorme repercusión que luego éste tendría. Fue el siguiente: el estado se dividió para esos comicios en 15 distritos electorales y debió haberse elegido este mismo número de diputados. Pero sucedió que la votación del IV Distrito se anuló, por lo que sólo tomaron posesión 14 diputados.

El primer año de ejercicio de esa Legislatura, comprendido del 15 de noviembre de 1921 al 14 de noviembre de 1922, transcurrió en relativa calma y aparente normalidad. Las cosas se complicaron al inicio del segundo año legislativo. Entonces la mesa directiva se nombraba cada mes. En la designación de ésta para el primer mes no hubo problema, pero sí en el siguiente.

Ocurrió que la directiva del mes inicial del periodo, integrada por el presidente, un vicepresidente y dos secretarios, es decir, cuatro diputados, más otros tres formaron un grupo de siete legisladores que empezaron a reclamar al gobernador el desorden que traía en el manejo de las finanzas del estado, el dispendio de recursos públicos en francachelas y la demora en su pago a los empleados públicos. Ordenaron una auditoría a la Tesorería General.

Las decisiones las pudieron tomar los mencionados siete diputados, que se identificaban como independientes, en razón de que durante el receso legislativo el gobernador destituyó al alcalde de Piedras Negras y nombró como presidente municipal interino, con la aprobación de la Diputación Permanente, a un legislador que le era favorable. Esta designación modificó la correlación de fuerzas en el Congreso, pues frente a los siete diputados independientes sólo quedaron seis oficialistas.

Al intentar nombrar la mesa directiva para el segundo mes del periodo legislativo, el 14 de diciembre de 1922, las cosas se complicaron. Los diputados oficialistas, con el argumento de que el alcalde de Piedras Negras ya había sido también destituido por el gobernador, obviamente una maniobra para reintegrarlo a su puesto de diputado, el grupo de los independientes estuvo en desacuerdo en que sin más regresara. Alegaron al respecto que la destitución como alcalde del legislador con licencia requería la aprobación del Congreso para que pudiera regresar a la curul, en lo cual tenían razón. Así es que no podía fungir como diputado, hasta que el Pleno le aprobara además la conclusión de su licencia.

Los gobiernistas consideraron entonces que estando en condición de inferioridad por un diputado, no sólo perderían la mesa directiva sino que carecerían de fuerza para cualquier negociación, por lo que optaron por no presentarse en el salón de sesiones el día en que debió haberse hecho la elección de la nueva mesa directiva, es decir, el 14 de diciembre.

El día siguiente, 15 de diciembre de 1922, el diputado no reconocido como tal se hizo presente y se negó a abandonar la curul y menos aún a salir del salón de sesiones. Para evitar un desaguisado, los siete diputados independientes optaron por ir a ver al gobernador para darle cuenta de lo que sucedía (recuérdese que su oficina estaba a unos pasos del recinto del Congreso).

El gobernador, general Arnulfo González, se hizo el sorprendido y dijo no saber nada. Al regresar al salón de sesiones, los siete legisladores independientes se toparon con la novedad de que un pelotón de policías rurales les impidió el ingreso al recinto, del cual ya estaban posesionados los diputados oficialistas.

Se inició así un grave conflicto –consistente en la existencia simultánea de dos legislaturas locales– que provocó la intervención tanto de la Cámara de Diputados federal como del Senado, de la Procuraduría General de la República, de la Suprema Corte de Justicia, de la Secretaría de Gobernación e incluso de que no se efectuaran los comicios para elegir a los nuevos diputados en la fecha en que legalmente debieron celebrarse.

El asunto, que la prensa nacional llamó el “Caso Coahuila”, atrajo la atención de la opinión pública del País casi todo el año de 1923, durante el cual el estado tuvo cuatro gobernadores, unos ayuntamientos se alinearon con los diputados independientes y otros a los gobiernistas, los dos senadores por Coahuila y cuatro de los siete diputados federales por el estado también tomaron partido por los independientes y los otros por los oficialistas, hasta que el caso tuvo su desenlace. Mismo que espero abordar en otro artículo.