Es una práctica comúnmente aceptada en el sistema interamericano recibir escritos de colaboración (amicus curiae) para aportar la opinión de terceros sobre problemas que plantean los casos ante la Corte IDH. En México, por el contrario, es una práctica inusual que los tribunales, federales o locales, acepten escritos de tal naturaleza, o bien, reciban en audiencia pública los comentarios, observaciones o críticas que deseen expresar en juicio los amigos del Tribunal.

La SCJN ha reconocido esta forma de colaboración para casos excepcionales. Se dirá, seguramente por muchos, que los juicios constitucionales son ya de por sí demasiado tardados y escuchar, además de las partes, a diferentes personas puede retrasar innecesariamente la justicia.

Los jueces, a mi juicio, tenemos el deber de escuchar a las partes, pero también tenemos el deber jurisdiccional de abrir los espacios procesales para que, en la medida de lo posible, a los terceros que les interese de manera genuina, espontánea y legítima participar en juicio, puedan expresar sus consideraciones conforme a la litis constitucional. Al final, nuestras sentencias deben contener razones públicas convincentes para que la ciudadanía conozca, con certeza previa, el contenido esencial de sus derechos y libertades.

La semana pasada me fue turnada por la presidencia una demanda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el Poder Ejecutivo, para analizar la validez del Decreto que reduce la movilidad de las personas durante la emergencia sanitaria. Desde que admití la demanda acordé una convocatoria pública para recibir la opinión de cualquier persona que le interesara participar en las cuestiones de los derechos que se plantean. Las personas tienen derecho a participar en decisiones públicas que pueden afectarles.

El día de ayer me correspondió conducir como juez instructor la audiencia pública en donde participaron las partes, la Fiscalía General del Estado y 10 personas que aportaron en forma plural, crítica y respetuosa sus diferentes opiniones, previa disposición que se hizo del expediente en línea para que pudieran emitir sus comentarios. Fue una videoaudiencia a distancia por medios digitales que está disponible en el sitio oficial del Tribunal para su máxima publicidad.

Sin duda, es el primer ejercicio de participación ciudadana que, por lo que hace a mis funciones jurisdiccionales, debe retroalimentarse, mejorarse y utilizarse de una manera más amplia. La concepción elitista de la justicia debe sustituirse por la concepción social, que obliga a los jueces a acercarse más a la realidad de los problemas.

Mi reconocimiento a las personas que participaron con un gran compromiso social, cívico y crítico para defender los derechos, ya sea aportando sus ideas a favor o en contra. La participación, a mi juicio, fue muy importante, no sólo porque da voz a organizaciones sociales y académicas del gremio de la abogacía o la sociedad civil del ámbito local, sino también porque comparecieron, por escrito u oralmente, diferentes peritos del Derecho de reconocida trayectoria nacional e internacional, incluso se hizo presente la ciudadanía de otros estados que está interesada en discutir estos problemas comunes en otras entidades federativas.

Para la tutela judicial lo importante es garantizar un juicio público en donde la ciudadanía tenga la oportunidad de ser escuchada. Los jueces debemos de ser sensibles a sus consideraciones y ser exhaustivos en nuestras motivaciones para resolver las diferentes problemáticas que el juicio presenta conforme a las pretensiones de las partes.

El papel de las partes fue también fundamental. Ellas tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes cuestiones aportadas por los terceros y formularles las preguntas que estimaron conducentes. Los propios amicus pudieron aclarar, complementar e incluso replicar o contradecir a las autoridades.

Para ser mi primera audiencia de alegatos fue, a mi juicio, una buena práctica que acerca a la ciudadanía coahuilense a la deliberación racional de sus conflictos por medio de las instituciones de justicia. He cerrado la instrucción, citado a las partes a oír la sentencia y el Pleno en su momento conocerá el proyecto que someteré a su consideración para resolver si se viola o no la libertad de circulación de las personas con las medidas emitidas por el poder ejecutivo de la entidad.

JUICIO EN LÍNEA

Desde que radiqué el asunto ordené publicar todo el expediente judicial en línea y seguir sus formalidades esenciales a distancia por medios digitales. Eso ha facilitado la prontitud del juicio, su transparencia y la debida certeza de las etapas procesales. Las partes y cualquier persona tienen la posibilidad real de conocer en tiempo real las actuaciones judiciales para poder conocer el juicio.

Hace algunas semanas escribí que esta pandemia iba a cambiar radicalmente el acceso a la justicia. Estas actuaciones digitales demuestran la posibilidad de llevar, incluso en situaciones excepcionales, juicios debidos con total apertura, transparencia y seguridad jurídica. Si lo podemos hacer en situaciones complejas, creo que de manera ordinaria debemos replantearnos una nueva forma de justicia cuando la vida de la comunidad comience a reactivarse. Ese es el gran reto.