Grupo Nach y Staff E&I, empresas que proveen de servicios de call center a Grupo Salinas, evadieron la suspensión de actividades impuesta el lunes por el gobierno de la Ciudad de México y obligaron a sus empleados a presentarse a laborar este 5 de mayo.

Los trabajadores fueron ingresados esta mañana por entradas alternas del inmueble ubicado en Rascarrabias 911, colonia Piedad Narvarte, Benito Juárez, para evadir los sellos colocados por personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

“Ayer nuestro supervisor nos dijo: ‘mañana van a entrar normal’; cuando llegamos ya nos estaban esperando afuera, no podíamos entrar por la entrada principal, porque estaba todo clausurado, entonces nos dijeron que teníamos que entrar por el estacionamiento”, relató una trabajadora que solicitó el anonimato.

Sin medidas de distanciamiento en elevadores y en sus escritorios, cientos de empleados que ofrecen sus servicios a Elektra, Total Play y Banco Azteca trabajaron hoy en los cinco pisos donde se ubica el call center.

Sin embargo, alrededor de las 13:00 horas, policías de la capital del país ingresaron a las oficinas para desalojar a los trabajadores.

El área de comunicación social del Invea confirmó a Animal Político que se trató de una acción coordinada con la alcaldía Benito Juárez ante la violación a la suspensión por parte de Grupo Nach y Staff E&I.

“(Cuando salí de mi turno), en la esquina veo bajar a los policías, eran como tres patrullas, bajaron corriendo, iban armados, entraron a la plaza. Enseguida empezaron a bajar todos mis compañeros, dijeron que habían entrado los policías, que estaban grabándolos y que les dijeron que fueran por sus cosas, que no podían estar ahí, y los desalojaron a todos”, detalló la trabajadora.

Un elemento policiaco informó que una persona fue detenida. Empleados señalaron que se trataría de la subdirectora de Grupo Nach, Leticia López; sin embargo, el Invea no ha confirmado esta versión.

El Código Penal de la Ciudad de México establece que la violación de los sellos de suspensión amerita penas de dos a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

Tras el desalojo, personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez acudió al lugar a colocar, ahora, calcomanías de “zona de riesgo” tanto en el acceso principal del inmueble -junto a los sellos de suspensión del Invea- como en la entrada del estacionamiento por donde los trabajadores fueron obligados a ingresar esta mañana.

Los empleados expresaron incertidumbre por la situación de los pagos que les adeudan los patrones.