El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó reincorporar desde este jueves 16 de abril a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, que fueron suspendidos como funcionarios públicos el 28 de noviembre pasado para ser investigados por permitir que saliera libre el exesposo y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

El oficio del Consejo, del que Animal Político tiene copia, explica que la investigación interna contra ellos sigue su curso. Pero argumenta que se anula la suspensión “con el propósito de equilibrar las cargas de trabajo, atendiendo a las necesidades del servicio”. La vocería del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ-CDMX) confirmó a este medio que por la necesidad de personal para cubrir las guardias que se están aplicando durante la emergencia sanitaria, es que se decidió echar mano de estos jueces.

No obstante, Mosco González y Díaz Antonio no fueron regresados a los juzgados en los que estaban y donde tomaron la decisión de del caso Abril. Fueron cambiados de Adscripción y designados como Jueces de Trámite, es decir, que solo se encargarán de recibir y organizar documentación, pero no tomarán ninguna decisión sobre casos. El oficio detalla que los cambios de adscripción pueden ser “por necesidades del servicio” y no hace falta probar estas necesidades.

Díaz quedó asignado a la Unidad de Gestión Judicial 04 y Mosco a la 05 con sede en Doctor Lavista.

“En el ejercicio de sus funciones como Juez encargado de trámite, y hasta en tanto este órgano colegiado así lo determine, debiéndose integrar a sus actividades en dicha Unidad de Gestión, con independencia de que la Comisión de Disciplina Judicial de este Órgano Colegiado, continuará con los procedimientos administrativos en los que se encuentre relacionado”, aclaró.

Cuando se inició la investigación, el Consejo había asegurado que permanecerían suspendidos hasta la conclusión del análisis y manifestó que se sumaba a la “indignación social” que provocó el caso. Cinco meses después, no hay resultados todavía.

A su vez, en noviembre, la Fiscal (entonces Procuradora) General, Ernestina Godoy, anunció que también esa dependencia investigaría a los jueces, por considerar que “su actuación provocó un homicidio”. La declaración fue respaldada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que consideró que los impartidores de justicia tienen responsabilidad en el feminicidio.

La Fiscalía informó que sí se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de Servidores Públicos, pero actualmente continúa en fase de integración.

El único que sí fue separado definitivamente del cargo fue el magistrado Héctor Jiménez, que validó la actuación de los jueces. Mientras que ellos reclasificaron el delito, él cambió la medida cautelar de prisión preventiva para permitir que Juan Carlos N siguiera el proceso en libertad. Jiménez no tuvo sanción en un inicio, pero en febrero pasado tenía que ser ratificado o separado del cargo y él mismo no se presentó al proceso de evaluación.

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