Desde anoche estamos oficialmente en emergencia sanitaria y las autoridades federales han ordenado la suspensión de todas las actividades no esenciales durante 30 días. Se trata de la situación más compleja a la cual se haya enfrentado nadie en tiempos de paz.

¿Qué es lo que sigue a partir de la declaración de ayer? Esencialmente, para desgracia colectiva, la incertidumbre.

Porque lo único que está claro en este momento es que debemos permanecer en casa y que prácticamente todas las actividades ordinarias, aquellas a las cuales nos encontramos vinculados la inmensa mayoría de los mexicanos, deben detenerse.

Decirlo es sencillo. Llevarlo a la práctica es terriblemente complejo. Sobre todo para la parte de la población económicamente activa que se encuentra en la economía informal, es decir, que “vive al día” y por ello necesita trabajar para sobrevivir. Hablamos de decenas de millones de personas.

Pero quienes se ubican en el otro extremo, es decir, quienes integran la parte formal de la economía doméstica, tampoco tienen el panorama despejado para las próximas cuatro semanas y fracción, porque el Gobierno de la República no ha sido claro en señalar de qué forma piensa apoyarles.

Quienes se encuentran en la parte alta de la pirámide -una pequeñísima minoría- podrán transitar sin mayores sobresaltos la cuarentena ordenada. La inmensa mayoría de la población comienza a hacer cuentas y a pensar cómo hará para llegar a la otra orilla.

No hay duda que la supresión del contacto social es absolutamente necesaria. No hay duda que las consecuencias serían peores para todos si actuamos en sentido contrario, pues ello volvería devastadoras las consecuencias de la pandemia.

El problema no es de discrepancia respecto de la pertinencia de la medida. El punto es cómo logramos que todos crucemos el pantano en el que acabamos de ingresar.

La respuesta es sólo una: se requiere un paquete de apoyos fiscales que le permitan a todas las personas a quienes se ha ordenado parar su actividades, sobrevivir por largos, larguísimos 30 días.

Lo prioritario, por supuesto, es proteger la salud y la vida de las personas. Pero si la economía perece durante esta crisis entonces de nada habrá servido llegar vivos al final, pues las consecuencias que padeceremos provocarán, a la larga, mayores perjuicios en la salud de las personas y, todavía peor, un mayor número de muertes.

El Gobierno de la República tiene el poder y la obligación de diseñar e implementar, con el mismo vigor con el cual nos ha ordenado permanecer en nuestras casas, las medidas de alivio económico que impidan la destrucción de la planta laboral del país.

Se ha repetido hasta la saciedad que “México se adelantó” y que el Gobierno Federal tiene tres meses preparándose para la contingencia. Es el momento de mostrar que no se trata solo de una frase de ocasión.