El pasado lunes 2 de marzo, primer día hábil del mes, el Congreso de Coahuila realizó su sesión de apertura correspondiente al periodo ordinario que se extiende hasta junio. En esta sesión inicial se incluyó en el orden del día el desahogo del punto relativo al dictamen sobre el trabajo de revisión a la Cuenta Pública de 2018 efectuado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Sobre el tema se presentaron en realidad dos dictámenes. Uno inicial que yo puse sobre la mesa como coordinador de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, mismo que rechazó la mayoría de integrantes de esta Comisión, a saber: dos diputados del PRI, la de Morena y la diputada del PRD. La Comisión está integrada por siete miembros, de manera tal que cuatro hacen mayoría. A continuación, el dictamen original lo presenté con el carácter de voto particular para ser presentado como tal al Pleno.

Como dictamen oficial de la Comisión quedó otro, presentado por los priistas. En el colmo de la desfachatez y con cinismo de campeonato, este último dictamen no es otro que el documento que yo presenté, con los mismos considerandos y resultandos literalmente transcritos. Pero suprimidos, arteramente borrados, los pasajes en los que se hace con rigor, hondura y profundidad un serio análisis de la labor omisa, en muchos casos superficial y notoriamente complaciente, desarrollada por la Auditoría Superior del Estado al revisar la Cuenta Pública 2018.

Finalmente, el dictamen oficialista concluye con tres rabones puntos resolutivos, inocuos y hasta ofensivos para los coahuilenses que han sido objeto de brutal saqueo de los recursos que aportan para la prestación de los servicios públicos. En contraste, nuestro proyecto de dictamen, convertido en voto particular, proponía ocho puntos resolutivos para empezar a cambiar el estado de cosas que aún prevalece en Coahuila por cuanto hace a la gestión financiera estatal.

Al llegar al punto del orden del día, correspondiente al dictamen en cuestión, previamente la mayoría oficialista, por diferencia de un voto, acordó que ninguno de los dos documentos se leyera íntegro, sólo sus puntos resolutivos, tres del oficialista y ocho del nuestro.

Para iniciar el debate, se abrió el primer turno de oradores. De acuerdo a lo establecido en la ley orgánica del Congreso, la primera ronda es de hasta tres oradores en contra y otros tantos a favor. Para hacer su exposición, cada orador dispone de 10 minutos. Para hablar en contra del dictamen oficialista nos inscribimos los diputados Gerardo Aguado, María Eugenia Cázares y yo. Para hablar a favor nadie se anotó. ¡Nadie!

Con insólita displicencia, como burla a los coahuilenses, con absoluto desprecio a la racionalidad, sin pizca de vergüenza, con total carencia de dignidad, los diputados oficialistas permanecieron ciegos, sordos y mudos. Atenidos únicamente a su mayoría numérica. Quien guarda silencio ante los señalamientos que se le hacen acepta –lo digo o no expresamente– la veracidad de lo que su interlocutor afirma. Bien lo explica el refrán popular: Quien calla otorga.

Pronto, muy pronto, candidatos de esos mismos partidos (PRI, PRD y Morena) acudirán a los electores coahuilenses a solicitar el voto para integrar la próxima legislatura estatal.

Los votantes han de tener presente que si desean realmente un cambio en la triste realidad de Coahuila, no vale la pena apoyar candidatos que como diputados no ven lo que sucede en el estado, no escuchan argumentos ni razones, ni hablan por carecer de ideas y medios de defensa. Es decir, ciegos, sordos y mudos. E hijos de la consigna.