La Justicia federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe “un riesgo de fuga inaceptable”.

En una carta registrada en el juzgado, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, argumentó que la “combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan” y solicitó que se le mantenga detenido.

El fiscal señaló que García Luna “tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo” porque se enfrenta a entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que le acusa la autoridad, y además “la fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado” con nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cartel de Sinaloa.

La Fiscalía, dijo su titular en ese sentido, “ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene “recursos poderosos en México”, donde ha vivido toda su vida hasta 2012, como “funcionarios corruptos del gobierno mexicano y miembros del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado”.

El fiscal recordó que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa que fue condenado a cadena perpetua por el mismo tribunal ante el que ahora se enfrenta el exministro mexicano, estuvo fugitivo en México durante quince años y Rafael Caro Quintero, otro de sus capos, lo sigue estando pese a que la Justicia lo busca para arrestarlo desde 2013.

La Fiscalía señaló que el exministro mexicano dijo tener “dificultades financieras” como para no poder “cruzar la frontera con México conduciendo”, pero el gobierno averiguó que en los últimos años “ha adquirido múltiples empresas inmobiliarias que, en total, están valoradas en casi 4 millones de dólares”.

“La investigación del Gobierno ha revelado que a lo largo de varios años, el acusado ha usado varias técnicas para ocultar el verdadero tamaño de sus empresas financieras, incluyendo empresas pantalla y compradores de paja que adquirieran activos para él”, agregó.

El juez Cogan decidirá esta mañana en una vista programada a las 11:00 h local si otorga la libertad vigilada para el exministro a cambio de la fianza de un millón de dólares que solicitaron sus abogados.