El sistema de justicia penal necesita fortalecimiento, dado que tenemos un sistema de tres años ocho meses desde que se implementó en todo el País. En este tiempo la reforma ha estado abandonada, no ha contado con apoyo ni con liderazgo. Tal vez se asumió que mágicamente después de la fecha de su entrada en vigor iba a resolver –por sí sola– todos los problemas de inseguridad, corrupción e impunidad que enfrentamos a nivel nacional. Sin embargo, si el sistema de justicia no se sigue fortaleciendo de manera ordenada y contundente, continuaremos con los mismos retos.

Es importante que la clase política, las autoridades, operadores, académicos y sociedad, comprendamos que al sistema aún le falta la creación de instituciones, procesos y sobre todo el cambio de paradigmas y de una cultura legal. Mientras no logremos fortalecer al sistema, no rendirá los frutos para los cuales está diseñado.

En lugar de enfocar los esfuerzos para identificar, y posteriormente atender los retos operativos y los puntos de resistencia al cambio, la propuesta para reformar al sistema que circuló el mes pasado pretende regresarnos más de 100 años. Por una parte, una de las propuestas es permitir que jueces valoren pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales, esto incentiva y legaliza la tortura y, por la otra parte, introduce la presunción de responsabilidad, en pocas palabras, la persona se presumiría culpable.

Uno de los argumentos que circulan para promover esta reforma, así como las del año pasado para enviar a más personas a la prisión preventiva automática, es la idea de la “puerta giratoria”. Diversas autoridades y personas en el servicio público repiten constantemente ese concepto sin proporcionar datos de su existencia.

El Instituto de Justicia Procesal, A.C. cuenta con un Observatorio de las Unidades de Medidas Cautelares que son instituciones encargadas de supervisar a personas que enfrentan procesos en libertad. Los datos que tenemos registrados para el 2018 indican que 86 mil 669 personas fueron supervisadas en libertad a nivel nacional, de estas el 5 por ciento fueron declaradas sustraídas, al 4 por ciento se les investigó por otro delito y el 91 por ciento cumplieron con todas las obligaciones que el juez les impuso.

Las medidas cautelares funcionan, aunque las autoridades federales y las de las entidades no las han fortalecido. Para el 2020 la Federación recortó el recurso para apoyar a las unidades de supervisión. Pareciera que se prefiere el fracaso de las instituciones para justificar la regresión, en vez de su fortalecimiento. La reforma estableció las bases de un sistema democrático, ahora es necesario seguir con la construcción de las partes que le hacen falta.

Javier Carrasco Solís

Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. @JavCarSo @ppinocenciamx