El 4 de octubre de 1968, apenas unas horas después de la matanza de Tlatelolco, Octavio Paz, entonces embajador de México en la India renunció a su cargo. Movido por la vergüenza convertida "en ira contra uno mismo" el poeta se desmarcó públicamente de un gobierno asesino. La "limpidez" del poema de Paz quedó manchada cuando el investigador Jacinto Rodríguez Munguía encontró en las entrañas del Archivo General de la Nación (AGN), el documento de cambio de situación personal del Embajador Paz. Contrario a sus dichos, el poeta no rompió con el sistema. Cambió su disponibilidad —como lo permitía la ley— y siguió cobrando hasta que alcanzó los 30 años de servicio en las filas diplomáticas.

Documentos como este y otros de gran valor para familiares y víctimas de los años negros de la guerra sucia en México, empezaron a abrirse desde 1998. En el 2002, millones de secretos provenientes de las siniestras Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales quedaron a disposición de investigadores, académicos y público en general. Pedazos de memoria fueron reconstruyéndose gracias a la perseverancia y vocación de científicos sociales. En el 2015, lo que el Cisen no se atrevió a hacer, lo hizo el AGN: cerró de pronto el acceso directo a estos documentos. Durante tres años, los nostálgicos de la tiranía que desde Bucareli comandaban al AGN se negaron a aprobar una Ley General de Archivos capaz de garantizar el derecho a la verdad sin límites. En vísperas de las elecciones, las coordenadas cambiaron y quedó aprobada la ley. Se evitó la purga de los archivos, se estableció la documentación de los actos de autoridad y se reconoció que los archivos históricos son de acceso público sin restricciones.

Congruente con esta disposición, en febrero del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a todas las dependencias de la administración pública federal que transfirieran al AGN documentos históricos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas a movimientos sociales y actos de corrupción. Esto para facilitar su consulta pública. Pues bien, hace un par de semanas, un grupo de historiadores hizo público el calvario que representa acceder a la información en el AGN. Contrario a lo que dice la ley —y ordenó el presidente—, el AGN ha retirado de circulación más de tres mil versiones públicas que eran de libre acceso. Se han testado documentos —es decir tachado datos— haciendo los textos incomprensibles, se ha negado la existencia de archivos que fueron consultados con anterioridad y se ha pretextado —sin fundamento— que la información solicitada "no es de interés social".

El colmo saltó a la luz pública cuando un ciudadano trató de acceder a información de la extinta DFS sobre el exprocurador Jesús Murillo Karam, mejor conocido como el autor de la mentira histórica sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y del fallecido priista Jorge Rojo Lugo. El AGN respondió que solo podría dar versiones públicas y que el ciudadano tenía que pagar por copias certificadas.

Alguien adentro del AGN no está leyendo bien la Ley General de Archivos. O bien, nostálgicos de la tiranía, han diseñado ex  profeso políticas de consulta regresivas. No conformes con esto, han convocado, de la mano del INAI, a foros de consulta para analizar qué hacer con documentos que contengan datos personales sensibles. Ni uno ni otro están cumpliendo con lo que ya dice la ley. Va otra vez: los archivos históricos son de acceso público, sin restricciones. ¿Acaso esto es tan difícil de entender?