Desde el 2013, la Constitución de Coahuila establece la obligación de observar la máxima transparencia judicial. Este deber significa el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, para que las personas conozcan, difundan, critiquen e incluso participen en la deliberación de la cosa justa.

Los jueces tenemos una labor muy delicada. De nosotros depende el patrimonio de las personas, la protección de la familia, la reparación del daño a una víctima, la libertad o la inocencia de una persona. Hacer justicia significa dar a las personas lo que les corresponde en sus derechos y libertades, previo debido proceso legal.

Los jueces cometemos errores. No somos perfectos. Nuestro deber es fallar lo menos posible, so riesgo de responsabilidad. La publicidad es el mejor control social de la justicia, es decir, un tribunal abierto a conocer y resolver, en forma prudente y sin opacidades, las justas reclamaciones de la ciudadanía.

Pero ¿qué significa una justicia abierta? Es un concepto que puede reducirse a formalismos vacíos que generen mayor desconfianza; o bien, se pueden desarrollar contenidos relevantes para tener una mayor legitimidad de la función judicial.

No se trata nada más de hacer públicas nuestras sesiones, difundir nuestras sentencias o rendir cuentas claras de los recursos públicos. Eso es lo mínimo. Lo relevante más bien es construir una nueva práctica judicial en donde la ciudadanía participe en la deliberación de la justicia.

Los jueces debemos abrirnos al diálogo con la sociedad. No solo hay que escuchar a las partes de un juicio. En casos trascendentales el juez debe aceptar, e incluso convocar a la comunidad de expertos. Los amicus curiae es una garantía constitucional reconocida por tribunales nacionales e internacionales, para permitir una mayor deliberación sobre problemáticas relevantes. Los jueces debemos aceptar que los académicos, los activistas y cualquier persona interesada en la justicia tiene mucho que informarnos, científica y socialmente.

Los jueces, también, debemos abrirnos al diálogo con las víctimas. La lucha de sus derechos revela las injusticias a resolver, pero sobre todo plantea el deber de construir una agenda de trabajo para resolver violaciones estructurales en el acceso a la justicia.

Los jueces debemos abrirnos a resoluciones más claras, sencillas y accesibles. La tradición de la sentencia larga, inentendible y opaca debe desterrarse. Nuestras sentencias es la mejor forma de comunicación. En ellas se puede conocer el criterio que asumimos. Solo rindiendo cuentas ante la opinión pública, los jueces nos comprometemos más a explicar, con razones, nuestras posiciones. La ciudadanía, por su parte, tendrá la mayor posibilidad para cuestionarnos. No nos debe extrañar la crítica fuerte a nuestra labor.

Los jueces, sin duda, debemos abrir nuestra declaración patrimonial. La mejor forma de prevenir la corrupción judicial es controlar su evolución. Deben establecerse procedimientos claros para auditarnos: la justicia no está en venta ni tampoco sujeta a riquezas indebidas.

Un tribunal abierto, además, debe asumir que hoy circulan ideas en perspectiva nacional, internacional y comparada que pueden ser parte de sus resoluciones para mejorar el sentido de justicia. Un juez no está aislado en su localidad. Debe conocer y aplicar normas y sentencias de otras partes del mundo que puedan ser útiles para resolver un caso.

Existe pues toda una agenda de buenas prácticas de justicia abierta. Es un deber que debemos ir concretizando de la mejor manera. Si antes no se hacía, hoy no es pretexto para dejar de hacerlo.

A MANERA DE SENTENCIA

Hace más de siete años propuse como académico la norma que establece el modelo de justicia abierta. Hoy me toca cumplirla. Para mí función judicial es un gran reto tomar en serio este compromiso.

Nuestro presidente del Pleno, Miguel Mery, desde el inicio de su gestión nos convocó con gran liderazgo a ser abiertos y centrar nuestras decisiones en la persona. Tenemos el deber de demostrarlo.

@LERiosVega