La administración de Andrés Manuel López Obrador  expuso dentro de su  Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se comprometía a “prohibir las adjudicaciones directas”, esto como parte de su lucha contra la corrupción.

Y es que según la Secretaría de la Función Pública, este procedimiento sólo se debe realizar cuando del producto o servicio necesario sólo exista un proveedor, cuando haya un contrato marco, en casos de urgencia o fuerza mayor o cuando la licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional.

Pero de acuerdo a un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer que 3 de cada 4 contratos en la 4T son asignados de manera directa: Hasta junio del 2019 se han celebrado 76.613 contratos, de los cuáles 77,3% fueron por adjudicación directa; es decir, 61.585. Sólo 16% se hicieron a través de licitación pública.

Según el estudio, cuando más han habido adjudicaciones directas fue en 2010, en tiempos de Felipe Calderón: 86,7% de los contratos fue otorgado de manera directa, luego el año en el que menos se ha utilizado la adjudicación directa fue en 2014, con solo un 62,2% de contratos otorgados de esta manera.