El Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública del año 2018, que la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregó al Congreso local el pasado 16 de diciembre, incluye 16 estudios especiales del ámbito estatal. Uno de éstos, muy interesante por cierto, se denomina “Evaluaciones a los Programas Sectoriales del Gobierno del Estado”. 

Aunque el análisis contenido en este estudio especial es un tanto técnico, puede sin embargo explicarse en términos llanos. Al menos eso espero.

En Coahuila está implantado un “Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado”, que se rige por la Ley de Planeación estatal, vigente desde el 10 de marzo de 2012. Esta ley dispone, en su artículo 27, que al inicio de cada administración local, “dentro del plazo de seis meses”, ésta debe publicar en el periódico oficial su Plan Estatal de Desarrollo (PED), el cual “precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo equitativo, igualitario, integral y sustentable, así como la transversalización de la perspectiva de género, y establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social del Estado y de los municipios”.

A su vez, el artículo 22 de la citada Ley para el Desarrollo del Estado de Coahuila ordena que corresponde “a las dependencias y entidades de la administración pública del estado
 elaborar programas sectoriales, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del Plan Estatal en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.

Pues bien, dichos programas sectoriales elaborados por las dependencias con rango de Secretaría estatal, fueron objeto de riguroso análisis y evaluación técnica por parte de la ASE. Sus conclusiones son verdaderamente demoledoras.

Son 15 las dependencias del gobierno estatal con rango de Secretarías y sólo 11 los programas sectoriales presentados y publicados. Afirma la ASE al respecto que indebidamente no formularon programa sectorial la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, por lo que han incumplido el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Planeación del Desarrollo.

Para llevar a cabo el análisis de cada uno de los 11 programas sectoriales del actual gobierno estatal de Coahuila, la ASE informa que tomó como base las guías de evaluación del Coneval, que aplicó en cuatro grandes secciones o temas, en los que analizó doce puntos específicos a evaluar.

Luego de analizar, según ya se dijo, uno a uno los once programas sectoriales, la ASE da cuenta de una serie de conclusiones aplicables a la generalidad de ellos, con las excepciones que señala. Entre otras cosas apunta lo siguiente (páginas 11 y 12 del tomo E2.1 del Informe de Resultados 2018):

“En la revisión de los 11 programas sectoriales, se identificó que los Programas de Fiscalización, de Seguridad Pública y de Desarrollo Rural, no presentan una definición clara y acotada de los problemas en el (apartado de) diagnóstico”.

“La totalidad de los (tres mencionados) programas no presenta causas y efectos de las problemáticas (sic) vinculadas para su dependencia y establecidas por los 8 programas que sí disponen la identificación en el diagnóstico”.

En otro párrafo la ASE apunta: “Se encontró que solamente los programas de Empleo y Paz Laboral y de Inclusión y Desarrollo Social presentan una correcta vinculación entre las problemáticas (sic) identificadas y los objetivos establecidos en el documento presentado. Para el resto de los nueve Programas Sectoriales se recomienda mejorar la vinculación entre problemática y objetivos”.

“En cuanto a las directrices de perspectiva de género, los Programas Sectoriales de Empleo y Paz Laboral, de Cultura, de Infraestructura, de Inclusión y Desarrollo Social, de Salud y de Seguridad Pública incluyen perspectivas de género en las estrategias establecidas. En el caso de los Programas Sectoriales de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Medio Ambiente, de Desarrollo Rural, de Educación y de Desarrollo Económico no presentan directrices de género, por lo que no cumplen con el artículo 3 de la Ley
”
Lo anterior a pesar de que la vigente Ley de Planeación de Coahuila, extrañamente, en 25 de los 49 artículos que comprende menciona el concepto de “perspectiva de género” u otro similar, y de que la Secretaría de Fiscalización es la que tiene entre sus facultades la de “vigilar el cumplimiento de las políticas en materia de 
igualdad de género” (artículo 31-XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública), y es precisamente una de las Secretarías que no imprimió a su programa sectorial “perspectiva de género” ¡vaya pues!
También señala la ASE que en 10 de los 11 programas sectoriales no se identificaron Programas Presupuestarios ni matrices de indicadores para resultados vinculados con los objetivos y estrategias de los propios Programas. Esto, en razón de que no tienen implantada la metodología de PbR, programación con base a resultados, con lo que incumplen diversas disposiciones constitucionales y legales. 

Lo anterior es apenas una pincelada sobre el tema, toda vez que el estudio de la ASE es amplio y detallado.

Juan Antonio García Villa
DESDE EL CONGRESO