El gobierno de Bolivia envió una carta el martes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que asegura que la vigilancia a la embajada de México en La Paz fue una medida de protección ante amenazas de violencia de la agrupación Ponchos Rojos de marchar hacia la sede diplomática para exigir la expulsión del ex militar Juan Ramón Quintana, a quien suponen asilado.

El grupo originario de Omasuyos en La Paz acusa al ex militar de la renuncia del presidente Evo Morales y se trata de uno de los cuatro asilados con orden de aprehensión por delitos penales anteriores a su resguardo en la embajada mexicana. 

Por lo que las autoridades bolivianas decidieron, dice la carta, incrementar el número de fuerzas policiales en la vía pública para "mantener la tranquilidad y garantizar la seguridad y dignidad de los diplomáticos mexicanos", así como la inmovilidad local del diplomático. 

El escrito menciona que la intención del gobierno no es afectar la libre circulación de los funcionarios de la embajada ni penetrar el recinto o realizar algún tipo de registro. 

Sin embargo, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Efraín Guadarrama, acusó que el viceministro desmintió la versión para aclarar que se busca evitar la fuga de perseguidos políticos. 

Hoy, el canciller Marcelo Ebrard informó que se presentará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un recurso jurídico por violación de operaciones diplomáticas.