La democracia se construye a partir de un cimiento que debe ser protegido y resguardado en forma permanente, so pena de poner en riesgo la viabilidad del modelo. Uno de esos pilares es el derecho a la libertad de expresión, una prerrogativa de todos los ciudadanos cuyo ejercicio suele incomodar a quienes detentan el poder público.

Proteger y garantizar este derecho representa uno de los retos más importantes de las instituciones públicas, sobre todo porque quienes las tienen a su cargo suelen desarrollar mecanismos de “protección” mutua que se traducen en la construcción de islotes de impunidad.

Por ello cuando –como ayer– se registran casos en los cuales se impone la obligación de garantizar el ejercicio de una libertad fundamental, todos los ciudadanos debemos celebrar que el sistema de impartición de justicia demuestre que es capaz de imponerse a los intereses políticos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la determinación de un juez federal de vincular a proceso al presidente Municipal de Frontera, Coahuila, Florencio Siller, como presunto responsable de delitos contra la libertad de expresión, cometidos en perjuicio de una periodista de aquel municipio.

Los hechos habrían ocurrido en el año 2018, durante la campaña política del munícipe –mediante la cual buscaba ser reelecto– y a propósito de un comentario que la reportera Mayra Mireya Cisneros realizó en la estación radiofónica para la cual laboraba.

Según la información difundida, la periodista simplemente habría señalado que a uno de los actos de campaña de Siller no habría acudido un público numeroso, lo cual provocó que recibiera amenazas del político y perdiera su empleo por “amenazar el convenio comercial de la estación de radio”.

El alcalde de Frontera no ha sido encontrado culpable, desde luego, y debe presumírsele inocente en tanto no se pruebe lo contrario. Por ello, lo que se celebra es que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión haya armado un caso robusto, que al menos ha sido suficiente para obtener la vinculación a proceso.

Tocará ahora probar que el delito fue cometido y, eventualmente, obtener una sentencia condenatoria. Pero incluso si ello no ocurre, el precedente del juicio constituye una buena señal de que los excesos cometidos desde el poder van encontrando diques de contención, que fortalecen el clima de libertades que requiere una sociedad que aspire a ser considerada democrática.

Habrá que reconocer, en este caso, el acompañamiento de la organización Artículo 19, así como del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

México es, como se ha dicho en innumerables ocasiones, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Proteger esta actividad comienza justamente con acciones como ésta, que dejan claro que las agresiones pueden ser combatidas institucionalmente y garantizar que no queden impunes.