Un régimen de gobierno para que pueda considerarse democrático debe constituirse bajo un estado de derecho, es decir, respetando las garantías fundamentales establecidas en su normatividad jurídica, así como consagrando una plena separación y respeto a los poderes que la conforman. Para el caso de nuestro país el ejecutivo, legislativo y judicial.

En este contexto, un país que se rige bajo un estado de derecho transciende cuando conforma instituciones que garantizan y cumplen funciones que le otorgan a la sociedad todos los elementos suficientes para su desarrollo social, su estabilidad económica, su seguridad, entre otros componentes. Sobre todo, las instituciones logran arribar como garantes del estado de derecho cuando son referentes legítimos en la defensa de los derechos fundamentales de la población.

En México contamos con diversas instituciones cuyos principios y alcances persiguen el bienestar de la población, o bien, buscan proteger a su población de los abusos del poder público. En esta ocasión, considero importante analizar uno de los llamados órganos autónomos, instancias que, dicho sea de paso, surgieron principalmente como la respuesta a diversas demandas de la población por contar con instituciones especializadas, más cercanas a la población, sólidas y que sus resultados fueran tangibles y de frente a la sociedad.

Uno de estos organismos es justamente el Instituto Nacional Electoral (INE), estructurado con elementos que dieron origen al otrora IFE y que, con la reforma constitucional de 2014, con nuevas atribuciones, ha organizado elecciones federales y ha participado en elecciones locales en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El INE es una de las instituciones, junto con otras de las que hablaremos en otra ocasión, que le han dado al país estabilidad. Un referente importante lo encontramos con los resultados de la elección que, hasta el momento ha sido la más grande y compleja de nuestra historia, me refiero al proceso electoral de 2018, en donde se renovaron más de 18 mil cargos, destacando la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, así como la celebración de elecciones en 30 de las 32 entidades federativas.

El mayor resultado de dichos procesos, es el reconocimiento de actores políticos, competidoras y competidores de la contienda electoral, instancias nacionales e internacionales, pero sobre todo, de la ciudadanía que sabe que su voto cuenta y, con ello, sabe que la principal decisión que puede tomar es el rumbo que quiere de país.

En razón de lo anterior, es de preocupar el viraje que quiere darse tanto al INE por parte de algunos legisladores.

Entre diversos actores, se estructuró la posibilidad de valorar la conveniencia o no de contar con institutos electorales locales, o bien, de los tribunales especializados en materia electoral de las entidades federativas. Hoy tenemos sobre la mesa, la posibilidad de acortar el periodo de la presidencia del Consejo General del INE que es su máximo órgano de decisión.

Estas propuestas, me parece, van en retroceso a lo alcanzado y logrado hasta el momento y que ha permitido transiciones políticas pacíficas independientemente de quien obtenga el triunfo electoral.

Por ello, antes que hacer cambios a la normatividad electoral, deben de revisarse las bondades y fortalezas del actual sistema electoral que genera certeza no sólo de los resultados electorales, sino de todos los actos preparatorios al proceso electoral.

Es sano que se revise el actuar de cualquier autoridad electoral, es parte del esquema de transparencia y rendición de cuentas, pero su principal indicativo que el legislador debe tener presente es fortalecer a las instituciones democráticas, no vulnerarlas; dotarlas de las herramientas que incentiven la participación social, no delimitarlas a coyunturas políticas, y debe considerarse que su esencia ha sido la respuesta de la sociedad misma, por lo que tratar de ir en contra de estos componentes es ir en el sentido contrario a la voluntad de la población.

@fdodiaznaranjo