Saltillo, Coah. Este martes circularon imágenes que muestran al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, subiendo a un avión para ser trasladado a los Estados Unidos, donde será sometido a juicio por diversos delitos.

Torres López fue arrestado el pasado 5 de febrero en las costas de Jalisco y desde entonces enfrentaba un juicio de extradición al cual se resistió en primera instancia -mediante la interposición de un juicio de amparo- pero al que posteriormente se habría allanado a fin de estar en posibilidad de “limpiar su nombre” según declaró su abogado, Carlos A. Solis, a principios de octubre.

Pero, ¿qué implicaría que Jorge Torres López “limpie su nombre” en los Estados Unidos? En estricto sentido, que evite ser encontrado culpable y condenado en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Corpus Christi, en la cual deberá comparecer hoy ante la juez B. Janice Ellington.

Y, ¿es esto materialmente posible? En teoría si, porque la regla esencial de un juicio es que la persona indiciada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica.

De acuerdo con la Enciclopedia Legal del Instituto de Información Legal (LII), de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, la mayoría de los casos penales que se inician en los Estados Unidos no concluyen con un juicio ante un jurado, sino mediante un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, acuerdo que en el argot legal del vecino país se conoce como plea bargain.

Un acuerdo de este tipo implica necesariamente que el acusado se declare culpable de alguno o todos los delitos de los cuales se le acusa, pero en algunas ocasiones implica también que testifique en contra de otros acusados, se explica en la Enciclopedia del LII.

A cambio de declararse culpable, la Fiscalía “usualmente accede a reducir el castigo del inculpado”, señala el documento consultado. Esto se logra usualmente reduciendo el número de cargos o la severidad de las acusaciones en contra del indiciado.

Estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos muestran que entre el 90 y el 95 por ciento de los casos que son resueltos en las cortes estatales y federales de ese país concluyen con un acuerdo entre el Fiscal y el acusado, razón por la cual es altamente probable que el caso de Jorge Torres se resuelva mediante este mecanismo.

Sin embargo, de acuerdo con la Enciclopedia Legal del LII, cuando se trata de delitos federales -como en este caso- no es suficiente que el Fiscal y el acusado realicen un acuerdo, pues además es necesario que el juez de la causa esté de acuerdo con el mismo.

“Los jueces federales conservan la autoridad final sobre las decisiones de sentencia y no están sujetos a las recomendaciones de los fiscales, incluso si las recomendaciones son parte de acuerdos de declaración de culpabilidad”, se advierte.

¿Inculpar a otros?

La “Guía Sobre los Procesos Penales en los Estados Unidos”, elaborada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y disponible en su sitio web, advierte que “como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad, el acusado puede también comprometerse a rendir testimonio verídico sobre delitos de los que tiene conocimiento.

“Por lo tanto, un fiscal puede utilizar el acuerdo de declaración de culpabilidad para obtener de un delincuente menor testimonios necesarios para condenar a uno más importante”. Ésta es una posibilidad para Torres López si, como se ha especulado a partir de su captura, estuviera en posibilidad de “entregar” a las autoridades estadounidenses a individuos considerados “más importantes” por la Fiscalía estadounidense.

La Guía de la OEA advierte que este tipo de testimonio es particularmente valioso en casos de delincuencia organizada, pues “obtener las pruebas necesarias para condenar a personas involucradas en grupos de delincuencia organizada es especialmente difícil”. Un acuerdo de este tipo podría representar inmunidad total o parcial para Torres López, lo que implicaría, eventualmente, no ser acusado de ningún delito.

El procedimiento

En cualquier caso si, como parte del proceso de “limpiar su nombre”, Torres López negociara un acuerdo con la Fiscalía, éste deberá ser expuesto ante el juez de la causa para que lo avale.

La Guía de la OEA advierte al respecto que “antes de que un juez acepte una declaración de culpabilidad, interroga al acusado en el pleno de la corte para asegurarse de que el acusado comprenda su derecho de declararse inocente y exigir un juicio”, además de que debe admitir ante el juez que “se está declarando culpable voluntariamente”.

El juez también debe asegurarse de que “el acusado comprende los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad y las consecuencias de su declaración de culpabilidad; de que el acusado no se ha visto sujeto a coerción o promesas indebidas por parte del fiscal; y de que la declaración de culpabilidad está basada en los hechos”.

Finalmente, el documento del organismo internacional advierte que “si el juez no queda satisfecho con las respuestas del acusado a sus preguntas, rechaza su declaración de culpabilidad”.