La nueva ley “antifactureras” aprobada en el Congreso de la Unión es más bien una cacería de empresarios y su aplicación va a inhibir la inversión y la creación de nuevos empleos, consideró Eduardo Dávila Aguirre.

El presidente de la Cámara de Comercio de Saltillo, criticó la aprobación de este decreto, que se concretó ayer en la Cámara de Diputados.

Conocida como “Ley Antifactureras”, la reforma adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

Las nuevas disposiciones equiparan a la defraudación fiscal con la delincuencia organizada y aumenta las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Sí puede ser un elemento que inhiba la inversión, que inhiba la creación de más y mejores empleos, entonces esperemos que se reconsidere esta cacería de empresarios injusta. Se están sentando las bases para que eso pueda suceder”, expresó.

Pidió recordar que los empresarios son quienes generan en gran parte los empleos, por lo que consideró que lo que se tienen que hacer es ayudar al empresariado a que tenga mejores opciones de inversión y de crecimiento.

Dávila Aguirre dijo que la nueva legislación va a vulnerar y va a disminuir la cantidad de inversión.

Sobre la posibilidad de ampararse, tal y como a nivel nacional ya lo anunció la Coparmex, Dávila Aguirre admitió que es una medida que puede servir, “pero lo más importante es que debió de haberse contemplado antes de que se generaran (las reformas)”.

“El sector empresarial está a favor de que disminuyan las empresas factureras, claro que sí, porque es un quebranto a la nación, pero no puedes poner a todos los empresarios en una misma bandeja.

“Equipararlos con la delincuencia organizada no es justo, no es la percepción correcta y adecuada y lejos de ayudar va a inhibir, va a frenar la inversión y la generación de empleos”, reiteró el líder de los comerciantes.

¿En qué consiste?

Tipifica como delito la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

También propone una sanción de cinco a ocho años de prisión a quien por su propia cuenta o terceras personas, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

Prevé las mismas sanciones a todo aquel que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.