CIUDAD DE MÉXICO.- En apenas unos días jueces y magistrados federales revirtieron las suspensiones que mantenían frenada la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y este miércoles el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolverá sobre el último recurso que mantiene paralizadas las obras.

Fue entre el jueves y el viernes los magistrados de dicho tribunal revocaron cinco suspensiones, por lo que sólo queda una más que deberá ser analizada y votada, aun con la ausencia del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, suspendido el miércoles pasado por lo que un secretario hará las veces de magistrado en funciones.

El titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, consideró fundados los argumentos del Gobierno Federal y la Sedena relacionados con la seguridad nacional y dejó sin efectos la suspensión definitiva dentro de uno de los amparos que frenaba la construcción en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

De suspenderse, significaría el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la república y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, lo cual implica contravenir el orden público, señala el resolutivo.

El juzgador explicó que no existe en la Constitución ni en las leyes prohibición alguna para construir un aeropuerto civil en instalaciones militares y en su momento, al dictar su sentencia, él mismo se pronunciará al respecto.

El martes pasado fue presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de facultad de atracción con el objetivo de que un ministro haga suya la petición y atraiga los amparos contra la terminal aérea.

En caso de que se avale la atracción, la SCJN podrá pronunciarse respecto a si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales.

También la Corte tendrá la oportunidad de definir si debe permitirse el precedente de privilegiar la seguridad nacional en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano.