Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que el gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, utilizó una "chicanada legal" al nombrar "instalación estratégica" el aeropuerto de Santa Lucía para que el juez variara su decisión y revocara la suspensión que se había otorgado para frenar la obra.

"Hay una 'chicanada' legal clara que tiene que ver con esta categorización que se hizo de la instalación de Santa Lucía como una instalación estratégica, es evidente. No es una suposición, fue precisamente esto, y también las declaraciones que se dieron reiteradamente por el titular del Ejecutivo fueron las que en buena medida determinaron la variación del criterio del juez de Distrito, eso es una realidad", dijo el líder empresarial.

En entrevista después de reunirse con los diputados del PRI, PRD y MC por la próxima aprobación de la Ley de Ingresos, Gustavo de Hoyos pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la instancia que resuelva en definitiva si se construye o no el aeropuerto de Santa Lucía, pues confían en el Máximo Tribunal del país.

"Somos siempre respetuosos de las instituciones y particularmente del Poder Judicial de la Federación, que ha demostrado al paso de los años que las decisiones complejas las sabe abordar, precisamente en un análisis a fondo de las disposiciones jurídicas y no precisamente criterios políticos, así es que siendo respetuosos del marco legal hay que confiar en que la SCJN, primero decida atraerlo y luego determine a derecho lo que ha de proceder en este caso", indicó De Hoyos.

El líder empresarial alertó que el gobierno federal pudiera utilizar la figura de declarar "instalaciones estratégicas" muchos de sus proyectos para que tengan viabilidad a pesar de los amparos presentados por la sociedad.

"Aquí, aunque el tema del aeropuerto es fundamental para el desarrollo del país, lo más relevante de todo son los criterios que se están estableciendo respecto del Estado de derecho en su conjunto. Si nombras seguridad nacional se pueden echar abajo las suspensiones en juicios de amparo y este instrumento que vemos, con todos los ciudadanos; incluso, en las épocas más complejas del país puede tener un gravísimo deterioro", describió.

Cabe recordar que en uno de los 150 amparos promovidos contra el aeropuerto de Santa Lucía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que todos sus bienes, incluido el proyecto de dicha obra, fueron incluidos en el catálogo de instalaciones estratégicas, razón por la que argumentó que las suspensiones concedidas en amparo contravienen la seguridad nacional.

Aunque el juez dio la razón a la Sedena en un amparo y revocó la suspensión, prevalecen otras seis, de las cuales cinco fueron enviadas a la Suprema Corte para que defina si ejercerá su facultad de atracción y en la sexta está pendiente la resolución de un incidente de revocación en que el gobierno reiteró el alegato de instalaciones estratégicas.