El Presidente contra la anticorrupción
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El Presidente contra la anticorrupción
Con el objetivo de combatir los altos índices de corrupción, los cuales se convirtieron en un lastre para la democracia que afectaba y afecta la economía del País y fomenta la desigualdad social, la reforma constitucional del año 2015 creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El hecho marcó un parteaguas en la historia de México luego de que por primera vez –ante el fenómeno que lacera municipios, gobiernos estatales y al federal– organismos, instituciones y diversas asociaciones civiles, todos buscando la transparencia y rendición de cuentas bajo un marco de legalidad y buenas prácticas, unieron esfuerzos.
La meta fue desde un principio que los ciudadanos depositaran la confianza en las instituciones y con dicho motivo se promulgó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción.
Siendo la base en materia anticorrupción, las reformas se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, en ese entonces se informaba que autoridades municipales, estatales y federales tenían la facultad de prevenir, investigar y sancionar faltas administrativas así como hechos de corrupción, es decir, realizarían un trabajo conjunto.
También se dictó que el SNA tendría un Comité Coordinador con una plataforma digital que conectaría sistemas electrónicos con estrategias y metodologías para medir, evaluar e investigar el desempeño de los funcionarios de los tres niveles de Gobierno.
Pero lo más importante fue que con la creación del SNA involucraron a la ciudadanía y se creó un Comité de Participación Ciudadana, el cual a la fecha participa de manera activa en diversos estados de la república.
Causa Común, Fundar, Gesoc, Mexicanos Contra la Corrupción, Transparencia Mexicana, México Evalúa, Red por la Rendición de Cuentas, IMCO, #NomasDerroches, Impunidad Cero, Mexicanos Primero, México SOS y el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, entre otros, son algunas de las asociaciones y organismos que a través de los años han realizado diversas labores contra la corrupción.
Desde entonces el SNA se convirtió en un ente importante desde donde realizan un loable esfuerzo con la implementación de programas para vigilar los órganos de control interno, regular mecanismos normativos, realizar diagnósticos y vigilar contrataciones públicas de instituciones gubernamentales con el objetivo de que transparenten sus recursos.
Es claro que la corrupción es cultural y no sólo abarca la discrecionalidad de recursos, sino también conflictos de intereses y que cuando hay daño económico este no queda resarcido con la devolución del dinero, sino que la sociedad termina con la confianza dañada.
El soborno, el cohecho y todas las malas prácticas se enquistaron desde hace décadas en todos los estratos sociales del País, y esos “vicios” no se eliminan en cuatro años que de haberse implementado el SNA, el cual podemos afirmar que luego de tantos esfuerzos no lo dejan operar y menos consolidarse.
Desafortunadamente, luego de toda la lucha y esfuerzo de las asociaciones civiles, el pasado 30 de agosto en el DOF se publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
En este se detalla que entes como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y el SNA no han dado resultado, de hecho ni los mencionan, pero da a conocer que con base en sus antecedentes prefieren atacar la corrupción con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Ahora, ¿cómo poder confiar en un Presidente que defiende la discrecionalidad de ahorros, luego de que en el mes de julio del presente año el Senado aprobó la Ley de Austeridad y que se dejó en el Mandatario la decisión sobre el destino de los ahorros?
¿Cómo se luchará contra la corrupción con tales decisiones? ¿A quién se facultará y en manos de qué organismo o dependencia combatirá la corrupción en el País? Lo que es peor, sepulta los trabajos realizados por instituciones y organismos.
Es trabajo de todos nosotros como ciudadanos no tolerar la corrupción, pero sí combatir las prácticas anómalas en las dependencias, así como apoyar y defender a comités ciudadanos que luchan contra esta corrupción. O nos quedamos impávidos y cruzados de brazos o luchamos para tener un mejor País. Usted elige.
@jorgeeditor
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