Reyes Flores Hurtado, delegado federal en Coahuila, comentó que es necesario hacer paquetes múltiples para licitar la producción de carbón y blindar de que quien participe, realmente tenga la capacidad.

Reyes Flores dijo que no tenía conocimiento sobre la investigación del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad en colaboración con la Fundación Heinrich Böll y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre una posible red de corrupción en la industria del carbón mineral en la entidad, sin embargo, aseguró que es conocido por demás el manoseo y la corrupción en la zona carbonífera.

“Qué bueno que se meten, son órganos alejados de la escena con imparcialidad”, mencionó sobre el estudio. Para el delegado, es un tema que se tiene que ordenar y aseguró que se ha trabajado tratando de lograr que se desvincule el coyotaje y que se favorezca a los productores de la zona.

“Partimos del antecedente de toda la corrupción que ha generado, darle contratos a los cuates, a los coyotes, que compran carbón a productores clandestinos. Se hace un círculo vicioso, hay un impacto ecológico, desorden administrativo, fuga de capital”, mencionó.

Dijo que la idea de los “paquetes múltiples”, es para que haya más oportunidad de que participen más productores y a partir de la licitación, controlar que quienes participan, tengan condiciones, tengan concesiones, infraestructura e inversión para surtir el carbón.

“Llegas, licitas, te adjudicas y resulta que no eres productor, entonces tienes que ir a comprar, y a quién lo compra, pues a gente que no tiene explotaciones regulares y lo vende más barato. Si extraes 200 y vendes 400 toneladas, de dónde sacas las demás”, mencionó.

Recalcó que se tiene que regular la compra y verificar que quien tenga adjudicado un contrato esté extrayendo lo que dice.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene detectadas al menos 17 sociedades de la industria minera de Coahuila, que infringen el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, están señaladas por emitir comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, es decir, se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.