La corrupción es el factor más importante para explicar la trata de personas en México, de acuerdo con un documento presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Durante la presentación del informe "El papel de la corrupción en la trata de personas", el titular de UNODC en México, Antonino de Leo, aseguró que "la corrupción facilita y fomenta la trata de personas" en un país que registró 5.245 víctimas de este delito entre 2012 y 2017.

"Lo anterior pone de manifiesto una idea muy clara: para que exista la trata de personas se requiere de una corrupción que se puede definir de sistémica", manifestó el experto de Naciones Unidas.

Por su parte, Mario Cordero, analista de Sociedad Civil de UNODC, quien se encargó de desglosar el informe, puntualizó que "la corrupción afecta más a las mujeres que a los hombres" en lo relativo a la trata de personas, algo que tiene mucho que ver con la explotación sexual.

De hecho, de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019, presentado en julio de este año, de las 5,245 víctimas, 3,308 son mujeres y 1,086 son niñas.

De esas víctimas, en ese tiempo solo se reportaron 790 víctimas derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata de personas.

El ponente consideró, basándose en el documento, que se descarta la idea que hasta ahora se vinculaba como el factor principal de la trata de personas: la pobreza.

"Tenemos una idea de que la causa estructural de la trata de personas es la pobreza (...) Sin embargo estadísticamente no es así, es la corrupción", aseguró.

POLICÍAS Y FUNCIONARIOS IMPLICADOS

Cordero apuntó después que los tratantes de personas suelen sobornar a los funcionarios públicos en los controles fronterizos.

Asimismo, también indicó que la corrupción se da cuando "literalmente se están redactando leyes de protección y se dejan fuera términos importantes a propósito".

Del informe se desprenden distintos actores, entre estos, "policías y funcionarios" del Estado.

Pero eso no deja fuera de estas prácticas a las organizaciones de la sociedad civil, aunque "en muchísima menor medida".

De Leo complementó a su colega apuntando que "la corrupción no solo incluye el abuso o el soborno, sino el ignorar o tolerar conductas delictivas".

Y agregó que pese a constatar que la corrupción es el factor principal, "los esfuerzos en el combate a la trata de personas rara vez se enfocan en arrojar luz sobre la corrupción".

Cordero explicó algunas víctimas de trata de personas que se prestaron a colaborar en el estudio con sus testimonios.

De ellos se concluyó que las víctimas saben con seguridad "que sus tratantes sobornaron a funcionarios de Gobierno, sobre todo para el traslado".

Asimismo, las víctimas también contaron que son los mismos policías que las y los ayudaron a escapar de la red de tráfico de personas, los que después les amenazan con volver a ponerlos en situación de trata.

Esto es una evidencia clara de hasta dónde llegan los niveles de corrupción.

RECOMENDACIONES PARA ERRADICAR LA PROBLEMÁTICA

Los ponentes apuntaron algunas recomendaciones derivadas del informe para tratar de diezmar los daños que deja la trata de personas, actividad que, en palabras de Antonino de Leo, "es una de las violaciones más atroces a los derechos humanos y a la dignidad de las personas".

De Leo recomendó "mapear a los actores claves, tales como el personal que trabaja en lugares migratorios, fuerzas armadas, consulados, embajadas y personas con influencias en departamentos gubernamentales".

Cordero, en su turno de palabra, apostó por establecer alianzas con entidades y personas relevantes: sector privado, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

A esto agregó la necesidad de mejorar la recopilación de datos.

"Si no tenemos de calidad y que realmente se puedan traducir en información legible no vamos a poder desarrollar políticas adecuadas", aseguró.

Por último, advirtió de la necesidad de capacitar y concienciar sobre el problema a funcionarios relevantes.