La prensa local publicó una buen noticia para Coahuila, de esas que desde hace décadas se esperan. Sí, se dice que este fin de año el gobierno de Riquelme por fin podría etiquetar recursos para poner en marcha un programa de obra pública que contemplan la ciclovía y drenajes sanitarios y pluviales en Torreón; las obras incluirían a Saltillo para el drenaje pluvial y represas para retener las aguas que inundan algunas colonias de la ciudad. 

Ver para creer, dicen los escépticos. Hace casi 20 años que se esperan obras públicas que protejan a la población de las inundaciones, en este espacio lo hemos narrado una y otra vez, pero no hay avances. Ahora anuncian y lo contemplamos como un futuro posible y hasta cercano en el 2020.

El programa del drenaje pluvial incluiría a Monclova, Frontera y Piedras Negras, la verdad se me hace mucha obra para este gobierno.
El secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, informó que los recursos que podrían invertirse llegarían a la suma de 2 mil 400 millones de pesos, no es mucho para las necesidades de infraestructura del estado, porque Coahuila ha sido zona de tragedias desde 2004; pero si fuera cierto, por algo se empieza.

Aunque se acercan los tiempos electorales y también el Segundo Informe de Gobierno, los que abren la puerta a un aluvión de propaganda política, por eso, ¿usted les cree? Yo tampoco.

El presupuesto estatal tiene casi 9 años de tener como prioridad el pago de la megadeuda, que prácticamente ha detenido la obra pública en el estado y esto es muy fácil de comprobar.

A propósito de la megadeuda, los escarnios de los que estamos siendo objeto los ciudadanos coahuilenses por parte de las autoridades del Poder Judicial, al que se podría llamar “contrapoder” (que está definido como una estructura que se erige frente al poder oficial del Estado), ese poder judicial –con minúsculas– no tiene límites en su incapacidad deliberada, opaca y cínica, su conducta es escandalosa y un agravio desmedido contra la población coahuilense la exoneración de Javier Villarreal Hernández.

Si hay alguien honesto y con dignidad en la Judicatura –que estoy segura lo hay– debiera someter a esos jueces del Ministerio Público a juicio por precarización de sus actividades judiciales o despedirlos –sin pensión, por supuesto– por exonerar a un delincuente que en Texas se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado (del erario público) a Estados Unidos, aunque allá el proceso penal en su contra sigue y lo mantienen en libertad condicional.

La incompetencia premeditada del Poder Judicial fue objetada rápidamente por el Fiscal General de Coahuila quien aclaró que Villarreal Hernández tiene una orden de aprehensión en el estado por uso indebido de recursos públicos y fraude equiparado.

El problema de la megaduda reaparece y se torna tan intrincado como en el pasado. Tal y como lo solicitan los magistrados del TSJE, por principios éticos los hechos deben esclarecerse y el Poder Legislativo debiera contribuir a ello llamando a comparecer al fiscal general para que puntualice y aclare los sucesos a fin de fincar  responsabilidades penales procedentes.

Y a propósito de asuntos casi eternos, por complicaciones técnicas otra vez se pospone la terminación de la Línea Morada que moverá agua tratada a las empresas de Ramos Arizpe, ofrecen concluirla dentro de un mes, ya falta menos. Alegraos, ramosarizpenses, qué gentilicio tan largo.

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Horizonte Ciudadano