Hemos construido un sistema de justicia penal donde prevalece la venganza y permea la corrupción e impunidad. Un sistema donde estamos lejos de encaminarnos a la construcción de paz. Encarcelamos a las personas y no miramos para atrás. Tampoco volteamos hacia la periferia. Ser víctima y encontrar justicia es un verdadero lujo en nuestro país.

Lo que pasa dentro del sistema penitenciario nos tiene, como sociedad, sin cuidado.

Permanecemos estancados en un sistema donde nadie recibe justicia: ni las víctimas ni los victimarios. El discurso no puede seguir siendo combatir la delincuencia sino construir un camino hacia la paz.

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Esta semana el gobierno del presidente López Obrado envió al Congreso, su iniciativa de Ley de Amnistía. Una propuesta que, sin duda, es un avance histórico para sentar las bases en la solución de problemas estructurales que tiene nuestro sistema de justicia penal.

Una propuesta que se centra en la no criminalización de la pobreza haciendo hincapié en la relación que existe entre las condiciones de vulnerabilidad de determinados grupos de la población y el deficiente acceso a la justicia.

Toña, recluida en un penal del sur del país, casi no habla español. La detuvieron como presunta responsable de un robo que ella no se enteró que sucedió. En ningún momento le buscaron un traductor y sus audiencias, las únicas dos que tuvo, fueron completamente ajenas a ella. No comprendió lo que ahí se dijo. No fue hasta que aprendió un poco de español dentro de prisión, cuatro años más tarde, que entendió de qué se trató su detención.

Alejandra está recluida en el penal Femenil de Santa Marta Acatitla. Tras huir con sus dos hijos de una relación violenta, se encontró en la calle sin comida ni techo. Jamás imaginó que su pesadilla apenas comenzaba. Encontró "refugio" en un hombre que la llevó con su familia, la amarró a una cama y en el cuarto contiguo encerró a sus hijos, ambos menores de 10 años. A partir de ese momento se convirtió en una esclava. Solo veía a sus hijos cuando los utilizaban para presionarla. Los metían a su cuarto y los golpeaban frente de ella. Los llantos ya eran el sonido constante de esta pesadilla. Prácticamente todos los días debía mover droga de un punto a otro. Si trataba de escapar, mataban a sus hijos.

Su bebe murió al nacer. Nunca le dieron razón de porqué o cómo. Su embarazo había sido normal hasta los siete meses, cuando su bebé nació. Dos años después, sin explicación alguna Graciela fue acusada por homicidio parentesco y condenada a más de 20 años de prisión. Hoy cumple su pena dentro del Reclusorio Femenil de Escobedo, en Nuevo León.

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Las historias son infinitas. No solo de aquellas que quizá puedan ser beneficiadas con la Ley de Amnistía, sino de miles donde prevaleció la corrupción y la ineficiencia de un mal sistema de justicia.

La Ley de Amnistía es para celebrarse, pero es —o debe ser— solo el punto de arranque, no de llegada. ¿Qué pasará con aquellas personas que salen de la cárcel? ¿Qué secuelas de estrés post traumático deja la reclusión que pueden ser contraproducentes en la reinserción? ¿Qué apoyo se le va a dar a las personas que dejan una prisión, para que no sean criminalizadas y encuentren las herramientas para rehacer su vida? ¿Cómo vamos a trabajar con jueces y Ministerios Públicos para que dejen de criminalizar la marginación y la vulnerabilidad?

La Ley de Amnistía no puede quedarse únicamente en la propuesta actual. Debemos hablar de un modelo integral donde se aborde el perdón, sin duda, pero también la reinserción y el camino integral para que la reincidencia delictiva no sea la salida y las prisiones no sigan siendo puertas giratorias. Es urgente comprender que las cárceles no pueden seguir invisibles y deben repararse como parte de la estrategia de seguridad nacional. El sistema de justicia penal tiene que ser prioridad para las autoridades, solo así podremos hablar de un estado de derecho.