El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Coahuila se declaró incompetente de procesar la denuncia que el Ayuntamiento de Saltillo interpuso contra el exalcalde, Isidro López Villarreal, por los presuntos “bonos especiales” y por un daño patrimonial de 350 millones de pesos durante su gestión.

El TJA, a través de su sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, emitió un acuerdo en el que afirma que la Contraloría de Saltillo sustentó la denuncia en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin embargo cuando los ilícitos presuntamente fueron cometidos, dicho ordenamiento no existía y sí estaba vigente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales de Coahuila.

“Lo pertinente es extender la pervivencia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, para sancionar conductas consumadas durante su vigencia, por lo que la Ley General no puede servir de sustento incluso procedimentalmente para sancionar acciones realizadas bajo la vigencia de otra Ley”, dice el acuerdo expedido por el magistrado Marco Martínez Valero.

Debido a que el ordenamiento estatal no otorga competencia sobre el caso al TJA, pues éste no existía cuando entró en vigor la Ley, el órgano se declaró incompetente para continuar con el trámite de la denuncia interpuesta contra López Villarreal.

De acuerdo con la Ley, el citado tribunal sólo puede intervenir cuando se denuncien conductas contempladas como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El tribunal devolverá el expediente de la denuncia a la Contraloría de Saltillo para que sea canalizado con la autoridad competente.