Aristóteles solía decir que “la esperanza es el sueño del hombre despierto”, pero confieso que ya deseo dormir ante todo lo que mis sentidos han estado absorbiendo desde que emití mi voto –con absoluto convencimiento– a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Lentamente emergen pesadillas que le levantan a uno cierto grado de culpabilidad en el subconsciente. Aunque la persona ante la cual deposité mi confianza en las urnas sigue siendo la misma, sus ideales y programa de gobierno han dado un vuelco dramático. AMLO ha roto la gran mayoría de sus promesas: regresar a los militares a sus cuarteles, pacificar al país, detonar el crecimiento económico y reducir los niveles de pobreza, fomentar la igualdad social, erigir una política exterior con hincapié en la soberanía de México, e implementar una política de austeridad en el gobierno federal, entre muchos otros. Esta última si la ejecutó con certera precisión, pero de forma abrupta y perjudicial para el sector público. Desde que asumió el mando, y según información recabada por El Economista, algo así como 300 mil funcionarios quedaron sin empleo. Los despidos masivos se dieron al margen de la ley, sin las debidas notificaciones e indemnizaciones correspondientes. Cientos de miles de burócratas que llevaban laborando décadas al servicio del Estado mexicano perdieron todos sus beneficios sociales de un solo golpe. El malestar es palpable. Por cierto, AMLO prometió también descentralizar el poder, trasladando de la abarrotada Ciudad de México a otras partes del país múltiples dependencias, pero hasta la fecha solamente la de Educación efectivamente se movió a Puebla. Las demás despachan en la capital nacional como de costumbre. Otra decepción.

A distancia es sano que se adelgacen las filas del colosal aparato administrativo del gobierno mexicano, al ahorrarse valiosos recursos y suponiendo que quienes ocupan una plaza sean seleccionados cuidadosamente en base a sus méritos personales. López Obrador, sin embargo, ha empleado el tijeretazo en sectores estratégicos para la economía, como es el caso del turismo. La eliminación del Consejo de Promoción Turística (CPTM) –a la que su servidor en varias ocasiones tuvo la oportunidad de asistir a sus productivas reuniones en el edificio de Viaducto en representación de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo–, ha sido una decisión desastrosa. El despliegue de innovadoras y atractivas campañas del CPTM en el extranjero han logrado que México aún hoy mantenga su privilegiada posición en el Top 10 mundial de destinos turísticos, con casi 40 millones de visitantes anuales. Justo cuando las playas del Caribe sufren el embate del sargazo marino producto de la acidificación de los mares, AMLO agudiza la crisis con su irracional amputación de una de las pocas ramas del gobierno que funcionaban con eficiencia a favor de hoteleros, transportistas, comerciantes y restauranteros. Así, turismo sufrió recortes superiores al 70% en su presupuesto, comunicaciones y transportes cercano al 42%, y salud bajó 10% comparado al año previo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que mide la pobreza en el país bajo estrictos estándares internacionales, estuvo al borde de desvanecer como el CPTM por capricho del Ejecutivo. Sus planes de sustituir la rigurosa metodología científica del Coneval por una fórmula ideológica sin sustento alguno para llevar registro de qué tan puntuales son los programas sociales, afortunadamente no prosperó.

A quienes debió hacer al margen, según sus planes originales, terminó elevándolos como ningún otro mandatario salvo su acérrimo enemigo panista Felipe Calderón. A la Secretaría de la Defensa le autorizó la descomunal cantidad de 93 mil millones de pesos para 2019, siendo que antes de ser electo se comprometió a retornar a los soldados a sus cuarteles, acabar con la supuesta “guerra contra el narco,” y restablecer la paz en todo el país. López Obrador incluso llegó a jugar con la idea de desaparecer al Ejército imitando el exitoso modelo Costarricense. En realidad, ahora que usa la banda presidencial solo profundizó la militarización de México al fusionar la extinta Policía Federal con la nueva Gendarmería de claro corte castrense. Y en eso, incluso, también falló. Una inédita sublevación de miles de elementos federales este verano pusieron en evidencia el torpe proceso de re-adscripción de policías y la injusta evaporación de bonos especiales por operatividad que antes de estos cambios solían recibir en razón de los riesgos que toman en el deber del servicio. Mientras tanto, el índice de homicidios se disparó a 29 por cada 100 mil habitantes, una cifra alarmante e incluso superior a la de su antecesor Enrique Peña Nieto. En los primeros siete meses del año han asesinado a nueve periodistas, lo que nos coloca como el tercer país más peligroso del mundo para reporteros detrás de Afganistan y Siria, ambos actualmente en una cruenta guerra civil. Desilusión de nuevo.

Pero estas cifras le son indiferentes al habitante de Palacio Nacional. Tiene la pésima costumbre –como su homólogo de la Casa Blanca– de desacreditar todo lo que no le gusta y cataloga de facción contraria a toda aquella persona, organismo o sociedad que se opone a su visión particular. Aunque los números no mienten, López Obrador tacha de fifí a la consultora AT Kearney que ha degradado la posición de México en el Índice Global de Confianza de la Inversión Extranjera Directa, del número 17 a la 25. En el más reciente análisis el Producto Interno Bruto “creció” una patética décima, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El riesgo país –o la posibilidad de dejar de pagar la deuda externa– continúa al alza bajo su régimen. La confianza de los inversionistas ha decrecido notablemente, con impactos negativos en la construcción y las manufacturas; por si fuera poco el Fondo Monetario Internacional proyecta crecimiento por debajo del 1% para lo que resta del año. Hay enorme incertidumbre entre el empresariado nacional y extranjero sobre las políticas macro-económicas actuales, y la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mermó cualquier posibilidad de mejorar el panorama para el sector privado. Aquí en Coahuila y mediante una sencilla encuesta a mano alzada en un espacio público, el Presidente canceló las avanzadas obras viales del Metrobús de Torreón, técnicamente desechando más de dos mil millones de pesos previamente etiquetados para ello. Esta suerte de omnipotencia del Ejecutivo federal atenta contra el Estado de Derecho, lastima la seguridad jurídica que busca todo inversionista, y nos remonta atrás a la oscura era del Presidencialismo Imperial que Enrique Krauze tanto criticaba de los dictadores priistas.

En base a las acciones y omisiones de los últimos meses puede uno concluir que esta administración está produciendo un ambiente de inestabilidad generalizada. Hay nula claridad en el rumbo del país, y señales alarmantes de un creciente despotismo basado en la figura de López Obrador. Como antiguo partidario de su movimiento político, ahora me declaro arrepentido de haberle concedido mi voto. Unos cuantos millones de mexicanos más probablemente estén en la misma situación. “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía,” solía decir el griego Anaxágoras. Nunca es tarde para retractarse.