La tragedia siempre ha sido, para los políticos del mundo entero, ocasión propicia para el lucro. Se requiere una cierta habilidad para sacar partido de una situación así, desde luego, pero antes que la habilidad se requiere carecer de escrúpulos para intentarlo.

La matanza ocurrida el fin de semana anterior en El Paso, Texas, en la cual perdieron la vida siete mexicanos, sin duda es un acto que debe condenarse sin ambigüedades y que demanda la actuación del Gobierno de México para, en primer lugar, auxiliar a las familias de las víctimas y, en segundo lugar, demandar justicia.

En ese sentido, sin duda la administración de Andrés Manuel López Obrador ha actuado con rapidez y tino, pues se manifestó claramente sobre los hechos y activó al cuerpo diplomático mexicano en Estados Unidos para intervenir en el ámbito de su competencia.

Sin embargo, pareciera que el Gobierno de la República desea ir más allá y utilizar el evento como punto de apalancamiento en las relaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump. Y eso es, sin duda alguna, un juego sumamente peligroso.

Plantear, así sea sólo a nivel declarativo, que “se estudia” la posibilidad de interponer una denuncia penal por terrorismo y, eventualmente, obtener la extradición del autor material del crimen y los probables autores intelectuales del mismo implica llevar los hechos al terreno de la política.

En México, sin duda el posicionamiento le acarreara aplausos y muestras de adhesión al Gobierno, en un momento en el cual los malos resultados de la economía y el fracaso de su política de seguridad le hacen necesario apuntalar su imagen.

Pero llevar a la práctica la idea, que además incluye asumir una posición respecto del muy largo debate doméstico -en Estados Unidos- sobre el control de armas, implica abrir un espacio de confrontación con un gobierno que ha dejado claro de lo que es capaz en una situación de este tipo.

Ni qué decir del despropósito jurídico que implica pensar en “extraditar” a una persona que, con independencia de lo condenable de sus actos, no cometió ningún delito en el territorio de nuestro país, ni en circunstancias que pudieran actualizar el concepto de jurisdicción, presupuestos indispensables para plantearse la posibilidad de que la justicia mexicana lo juzgue.

Seguramente no se trata de falta de asesoría, ni de la ausencia de expertos capaces de explicarle al Presidente los términos del tratado de extradición entre Estados Unidos y México. Por ello, no puede sino considerarse la posibilidad de que se trata de una oportunidad que López Obrador ha decidido no dejar pasar para impulsar un elemento de su agenda política.

La línea entre la empatía con las víctimas y el lucro político parece sutil en este caso y por ello, seguramente, el Presidente ha decidido correr el riesgo. Esperemos que el episodio no termine con otro manotazo de Donald Trump sobre la mesa que nos obligue, como ocurrió hacer apenas unas semanas, a realizar caras concesiones.