Se cocina un escándalo de corrupción al interior de la delegación en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual representa un posible quebranto millonario para el instituto además de daño para muchos trabajadores.

El caso involucra a empresarios y constructores quienes, al amparo y protección de funcionarios del IMSS en la subdelegación de Torreón (hasta ahora únicamente se ha investigado a esta subdelegación), omitieron declarar grandes obras para no pagar las correspondientes cuotas obrero-patronales en perjuicio del Seguro y de los trabajadores.

Las presuntas corruptelas se centran en el área de Auditoría a Patrones de construcción, encargada de revisar si los patrones cumplen con todas sus obligaciones mediante dictámenes o informes. El modus operandi fue el siguiente:

Todo propietario de las obras de construcción de cualquier trabajo debe tener asegurado a sus trabajadores contratados por obra o tiempo determinado. Lo anterior está estipulado en el reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Las cuotas obrero-patrón se basan en una fórmula que incluye los metros cuadrados de construcción, tipo de obra, el costo de la mano de obra y el tiempo que dure la construcción.

Por ejemplo, una obra de mil metros cuadrados tendría un costo de mano de obra estimado de 840 mil pesos. El total de cuotas obrero patronal estimado serían de 224 mil 70.15 pesos, ingreso a favor del instituto y de los trabajadores. Imagine obras más grandes, por ejemplo un centro de convenciones o un centro comercial.

El área tiene lo que se conoce como un “personal censor”, que son los encargados de levantar un censo de obra, sobre todo de aquellas en las que los patrones no enteren al Seguro Social de sus actividades. En oficinas, el censor ingresa al sistema datos de la obra, tipo de obra, avance, ubicación, superficie de construcción, número de trabajadores que se observan, fechas de inicio y conclusión, nombre del patrón y registro patronal.

Aquí el fraude y acto de corrupción. El jefe del departamento de Auditoría a Patrones y Jefe de Dictamen “dejaban pasar” o simplemente no registraban la obra. Eran “omisos”. Ojo, hablamos no de la ampliación de una casa, sino de grandes construcciones. Un ejemplo: se encontró una obra de un edificio de cinco pisos que sólo registró dos trabajadores en obra, con un 60 por ciento de avance y en cuatro meses. Situación por demás ilógica.

El equipo jurídico que inició la investigación, envió un oficio al Órgano Interno de Control Estatal donde refieren cinco expedientes de obras que no fueron declaradas al Seguro Social, pero que era imposible no documentarlas. Se trata de expedientes de obras particulares: plazas comerciales, escuelas, naves industriales, cuyos dueños dejaron de ingresar por concepto de cuotas obrero-patronales entre 100 mil hasta 500 mil pesos en promedio.

El oficio, visto por el autor de esta columna, tiene como fin la integración de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y señala que las investigaciones por irregularidades pesan sobre Jorge García Sánchez y Daniel Silva Vargas, exjefe del departamento de Auditoría a Patrones y exjefe de la Oficina de Corrección y Dictamen de la subdelegación del IMSS en Torreón, respectivamente.

Sin embargo, las irregularidades podrían escalar hasta la exsubdelegada Norma González Córdova, quien era la responsable de la firma final de los documentos, del exdelegado porque era encargado de supervisar a sus funcionarios, y del jefe de Servicios de Afiliación y Cobranza porque es el encargado de observar y supervisar los movimientos.

Hay reacciones que hacen suponer se tocaron fibras sensibles. Me explico: el 1 de julio el equipo jurídico mostró las irregularidades a Jorge García por lo que le solicitaron la renuncia. En cuestión de horas, desde oficinas en Saltillo, fueron bloqueados los accesos informáticos de los usuarios de Jorge García y Daniel Silva, es decir, hasta el momento no se puede acceder a los movimientos que realizaban los exfuncionarios, lo que impide seguir con las investigaciones y con el trabajo cotidiano. En oficinas de Servicios de Afiliación y Cobranza en Saltillo, simplemente les dicen que está en “trámite” el “desbloqueo”.

Jorge García y Daniel Silva acusaron que fueron amenazados y amedrentados con armas para que renunciaran e inclusive levantaron una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El delegado Pablo Linares Martínez negó los hechos y declaró en su momento que las dos personas estaban siendo investigadas por actos de corrupción y malversación de recursos (Vanguardia 11 de julio).

AL TIRO

Pero el caso no termina allí. Fuentes cercanas a la investigación que se lleva a cabo, me han confiado que no sólo se trata de proyectos de obras particulares, sino que también han encontrado grandes obras que realizaron empresas para alguno de los tres órdenes de gobierno, obras gubernamentales que ya fueron inauguradas, pero que no fueron registradas al Seguro Social y aparecen con el estatus de “canceladas” o “no registrada” o “suspendida”.

El quebranto y daño patrimonial es incalculable, esencialmente porque se desconoce desde hace cuánto se realizan dichas prácticas.