No, no se puede escribir a vuela pluma un Plan Nacional de Desarrollo. Para empezar, el artículo 26 de la Constitución marca que ese documento rector debe ser elaborado mediante “la participación de los diversos sectores sociales”. Además, el artículo segundo constitucional obliga de manera expresa a las autoridades a “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo”.

Por ello, desde el inicio de 2019 y a lo largo y ancho del país, un sinnúmero de excelentes funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se dieron a la tarea de promover foros de consulta. La gran mayoría de esos foros no acabaron a cargo de esa secretaría, por cierto, sino del resto de las secretarías de Estado y de otras dependencias. Como la Secretaría de Hacienda era encabezada en ese momento por quien esto escribe, puedo atestiguar que todas las otras dependencias emprendieron tal encargo con mucho entusiasmo y dedicación.

El plan, se decía en la convocatoria a cada foro, contendría en su versión final los tres ejes generales donde todos los programas de gobierno deberían estar enmarcados: Justicia y Estado de Derecho; Bienestar; y Desarrollo Económico. Por otro lado, todos los programas deberían también tomar en cuenta su relevancia de acuerdo con los siguientes tres ejes transversales: Igualdad de Género, no Discriminación e Inclusión; Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública; y Territorio y Desarrollo Sostenible. En cada foro se invitaba a emitir su opinión respecto al plan a todos los mexicanos, fueran jóvenes o adultos.

Y fue un éxito, todo un éxito. Tanto que pudo organizarse un foro en cada entidad federativa, para dar un total de 32. Además se organizó un foro nacional y la friolera de 13 foros en Estados Unidos, así como una encuesta ciudadana por internet que recibió la opinión de alrededor de 7,500 mexicanos. De particular relevancia fue el hecho de que se organizó una encuesta para niños y adolescentes mexicanos donde participaron 11,256 personas entre los 12 y 17 años de edad. Quizás sobra añadir que en este grupo el mayor reclamo fue el de acabar con la corrupción, y enseñar a los niños el valor de la honestidad.

En la organización de los foros destacó de manera muy notable el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. De motu proprio, el instituto organizó 25 foros entre la población originaria y la afromexicana, los cuales registraron 10 mil 536 asistentes. En el primer foro, organizado en Ensenada, Baja California, asistieron representantes de los pueblos de Cucapá, Kiliwa, Kumiai, Ku’ahl y Paipai; mientras que en el último foro, organizado en Guelatao de Juárez, Oaxaca, asistieron representantes de los pueblos de Amuzgo, Afromexicano, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Triqui, Zapoteco y Zoque.

Habiendo hecho lo anterior, la Secretaría de Hacienda se preparó para el siguiente gran paso: el cumplimentar con las disposiciones de la Ley de Planeación. En particular, en el artículo 21 de esa ley se establece que: “El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de carácter global, sectorial y regional […]”. Pero se acaba el espacio y la historia está apenas a medias, por lo que, si el lector así me lo permite, la concluiré la siguiente semana.