Ciudad de México. Ante el nuevo derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, Benjamin Cokelet, codirector ejecutivo y fundador de la ONG, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), sostuvo que el nuevo gobierno debe hacer valer la ley ambiental y castigar de manera contundente a Grupo México por los recurrentes daños ambientales que provoca, pues es una empresa que está acostumbrada a “salir impune”.

PODER, ha dado acompañamiento a los afectados por el derrame que en 2014 tuvo la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, cuando virtió 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. Al respecto Cokelet sostuvo que por ese derrame, que dañó a más de 22 mil personas de siete municipios, Grupo México apenas pagó una multa “equivalente a 0.00001 por ciento de sus ingresos de aquel año”, fue una penalización “irrisoria”.

Sostuvo que por ese ecocidio que generó “graves daños a la salud y económicos” a los habitantes de la zona, “nadie fue a prisión” y ni siquiera se valoró la posibilidad de retirar la concesión, y consideró que esa situación debe cambiar con el nuevo gobierno. “Estoy convencido que las autoridades actuales son diferentes a las anteriores” y en tal sentido confió en que en esta ocasión sí se “tomarán acciones contundentes”.

En entrevista con La Jornada, expuso que “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está facultada, tiene las herramientas necesarias para suspender en forma definitiva la concesiones o permisos y no solo aplicar una multa chiquita, porque la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) le da las facultades, solo hay que aplicarla”.

Sobre el seguimiento que PODER da a los afectados por el derrame en Bacanuchi, indicó que en la zona “hay índices de desarrollo de cáncer cinco veces más altos que en 2014, se han perdido cultivos, flora y fauna, además la gente que tenía en el área, comercios, tiendas y hoteles” sufrieron afectaciones económicas”.

Aunado a ello dijo que “el Fideicomiso Río Sonora, mecanismo que prevé la ley ambiental para resarcir a los afectados por daño ambiental nunca operó bien, Grupo México sólo desembolsó la mitad de lo que debía y además la mayor parte la utilizó para publicidad de sus empresas. Por ello el próximo 7 de agosto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a escuchar el amparo que los Comités de Cuenca están peleando para abrir de nueva cuenta el fideicomiso y considere una cantidad de dinero más importante”.