La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero declaró la semana pasada que habrá amnistía para los adolescentes en conflicto con la ley que sean acusados de delitos no graves. Es la primera vez desde la toma de protesta que se menciona la amnistía y no tendría que ser motivo de festejo.

Desde que Cristian recuerda, vivió un ambiente de riesgo, en una familia dedicada a la siembra de mariguana y en constante contacto con alcohol y otras drogas. Un día su padre fue asesinado violentamente. Cristian recibía presiones por parte de su familia para "hacerle justicia".

Era un niño cuando fue "reclutado" por la delincuencia organizada. Tenía 10 años. Dos veces lo detuvieron por delitos menores y por no tener la edad para ser recluido —14 años— siempre salía libre.

En lugar de aprender matemáticas e historia, como todo niño, a él le enseñaron artes marciales, uso y manejo de armas, y tráfico de substancias ilícitas. No tenía ni 15 años cuando ya había matado y dentro del grupo criminal ya tenía su lugar ganado.

Hoy Cristian cumple una medida como un adolescente en conflicto con la ley por el delito de homicidio, portación de arma de fuego y delincuencia organizada.

Jóvenes como Cristian necesitan mucho más que solo ser puestos en libertad con una "amnistía" y devueltos al mismo ambiente de riesgo.

La reclusión no es la mejor solución, pero la amnistía tampoco. Los niños que delinquen necesitan ser protegidos y las víctimas merecen justicia. Los adolescentes en conflicto con la ley de nuestro país deben ser rescatados de donde les tocó nacer y crecer. Necesitan auténtica reinserción social.

Los procesos de amnistía, para que tengan un impacto en la vida de las personas beneficiadas y en la comunidad, deben ir acompañados de la prevención terciaria (reinserción) y la prevención primaria. Al recuperar a los adolescentes de las filas del delito es primordial garantizar que al salir contarán con los servicios institucionales y apoyo comunitario suficiente para no reincidir. La inversión en servicios educativos y de capacitación laboral es fundamental. Sin embargo, la falta de seguimiento y de servicios posteriores a la salida del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es uno de los mayores problemas, pues deja huecos de conocimiento respecto a la recaptación de estos jóvenes y de cuáles fueron sus opciones de vida al salir.

El "Estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto" (https://reinserta.org) de la organización Reinserta, es una radiografía que presenta la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley. Sólo yendo a las causas multifactoriales de la violencia, se puede pacificar al país.

Lo publicado refleja la realidad de adolescentes que cometieron crímenes en CDMX, Edoméx, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Yucatán. Los datos ayudan a dimensionar el problema: 40 por ciento tiene amigos en conflicto con la ley; sólo 26% había concluido su educación básica antes del internamiento (el promedio de los entrevistados es 17 años); 56.5% tuvo su primer empleo entre los 13 y 15 años; 44% de las mujeres y 37% de los hombres han tenido un familiar en la cárcel.

¿Qué hace un joven trabajando y no en la escuela a los 13 años? ¿Cómo reconstruir el tejido para que haya alternativas para quienes tienen un familiar preso? ¿Quién trazará políticas de atención a las adicciones?

Enviar a estos menores de regreso a los mismos ambientes de riesgo es contraproducente e incentiva la reincidencia en lugar de prevenirla.

Reinserta opera la única casa de medio camino para adolescentes en conflicto con la ley en México. Su programa de reinserción tiene una tasa de no reincidencia de 95%. Se puede.

La delincuencia organizada es un gran peligro para estos adolescentes en riesgo, pues sin programas adecuados de prevención, no es difícil que sean "reclutados" para cometer delitos de mayor gravedad. "Los Zetas" y el "Cártel Jalisco Nueva Generación", por ejemplo, ya lo están haciendo así. Entre más chiquitos, mejor.

@saskianino