Ante la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso, comisión que coordino, compareció el pasado 25 de junio el titular de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE), el contador público certificado Armando Plata Sandoval. El objeto de su comparecencia fue aclarar dudas y ofrecer las explicaciones adicionales que le fueran requeridas por los siete diputados (dos del PAN, dos del PRI y uno de cada uno de UDC, Morena y PRD) integrantes de la Comisión, respecto del Informe de Resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2017.

Cada uno de los siete legisladores tuvo la oportunidad de formular al titular de la ASE hasta cuatro preguntas, mismas que de inmediato debían ser respondidas por el funcionario. No todos los diputados hicieron las cuatro preguntas a las que tenían derecho.

En mi caso sí las formulé. Como no quedé ni remotamente satisfecho con al menos tres de las respuestas dadas por el auditor superior, le he dirigido sendas cartas para que aclare, precise, explique bien, documente o fundamente sus respuestas. Por tratarse de un asunto público del mayor interés ciudadano, es que a través de este medio doy a conocer su contenido, en éste y el siguiente artículo.

Una de las preguntas estuvo referida a las auditorías denominadas de “Obra Pública”. En el programa anual de auditorías para revisar la Cuenta Pública 2017 se indica que no se programó una sola auditoría de este tipo. Lo cual no deja de sorprender porque en el anterior gobierno, uno de los más corruptos del que se tenga memoria, 2017 fue el año que la sabiduría popular llama el “Año de Hidalgo”. Pues con todo y eso, ni una sola auditoría de obra pública se programó, no obstante que suele ser el rubro donde más manotazos da la corrupción.

Para que no haya duda sobre el punto de partida de la pregunta, puede consultarse al respecto el Periódico Oficial del estado de fecha 16 de febrero de 2018, donde aparece publicado dicho programa de auditorías y se comprobará que no figura una sola de obra pública.

Mi pregunta cuestionó por qué si no se programaron auditorías de obra pública en el Informe de Resultados se dice que finalmente fueron 191 las auditorías de este tipo (las cuales, excepto una, fueron todas practicadas a gobiernos municipales), cuál es la razón por la cual no se publicó en el Periódico Oficial la modificación al programa inicial de auditorías como lo ordena la ley (art. 22) y la causa de no haber incluido ni una sola auditoría a la Secretaría de Infraestructura y Transporte del gobierno estatal. Asimismo por qué en el Informe sólo se da cuenta de los resultados de 21 auditorías de obra pública y no de las otras 170 supuestamente practicadas.

En su respuesta el auditor superior dijo que sí se había auditado en un 97 por ciento la obra ejecutada en 2017 por la mencionada Secretaría de Infraestructura, revisiones que en los términos de los Acuerdos de coordinación habían corrido a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública federal.

Igualmente comentó que en el programa inicial de auditorías, las de obra pública están incluidas en las llamadas auditorías de cumplimiento, de legalidad y financieras, por tratarse de conceptos equivalentes (?).

Ante sus respuestas, que no estuvieron claras y fueron omisas, solicité en carta al auditor superior dé cuenta en qué fecha del periódico oficial se publicó la modificación al programa anual de auditorías. También se sirva proporcionar la relación de las auditorías a la Secretaría estatal de Infraestructura y Transporte llevadas a cabo por la ASF y la Secretaría de la Función Pública federal por la gestión del ejercicio 2017, así como la materia que comprendió cada una de esas auditorías y dónde específicamente (con señalamiento de tomo y páginas) se da cuenta de sus resultados en el Informe Anual de 2017. Y de ser el caso, como todo parece indicar que lo es, la razón por la cual en su Informe prácticamente nada dice de la intervención de ambas instancias federales (ASF y SFP).

Por último que aclare, respecto de la obra ejecutada en 2017 por la Secretaría de Infraestructura, cómo se integra, con indicación de cada obra específica, el 97 por ciento del volumen de obra auditado. Y desde luego explique conceptualmente cómo es que las auditorías de cumplimiento, de legalidad y financieras son a la vez de obra pública. En su oportunidad, por supuesto, daré cuenta de las respuestas que haga llegar el C.P.C. Armando Plata. 

@jagarciavilla 
Desde el Congreso
Juan Antonio García Villa