La oficial 11 del Registro Civil, María Teresa Carrizales, sufrió un acto de abuso de poder del ayuntamiento de San Luis Potosí a través del secretario general Sebastián Pérez García y el titular de la Policía, Edgar Jiménez, al ser desalojada con violencia de su oficina.

Por instrucciones de Pérez, Jiménez encabezó el operativo en contra de la oficial sin mandamiento legal.

A pesar de que la abogada María Teresa no podía defenderse y mostró su nombramiento, el jefe policiaco recurrió al uso de la fuerza con varios agentes como si fuera una delincuente, “me están lastimando”, gritó en reiteradas ocasiones y la arrastraron para sacarla, incluso la esposaron.

Con el presunto argumento de que la oficial había rechazado una indemnización y que violentó los sellos y chapas de su oficina, el desalojo fue avalado por la coordinadora de Derechos Humanos del Municipio, Olga Palacios; también la CEDH envió un representante, pero solo para atestiguar los hechos sin mover un solo dedo.

Carrizales aseguró que pedirá juicio político contra el alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, además de asegurar que ya interpuso una denuncia.