En solo seis municipios del país se han encontrado el 52.8 % de los cuerpos exhumados en fosas clandestinas, entre 2009 y 2014.

Se trata de Durango, Durango; San Fernando, Tamaulipas; Acapulco y Taxco de Alarcó, Guerrero; La Barca, Jalisco, así como Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se exhumaron 749 cuerpos de 1,418 que registró la investigación Violencia y Terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, publicado por la Universidad Iberoamericana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Artículo 19.

Aunque la investigación se basó en datos hemerográficos, así como las cifras de gobiernos estatales y federales entre 2006 y 2017, en el caso de los municipios, se tomaron datos únicamente entre 2009 y 2014.

En el caso de Durango, concentró el 21 % del total de cuerpos exhumados, mientras que San Fernando tuvo el 12 %.

“Si contamos el total de cuerpos exhumados exclusivamente en 2011, es decir 588, significa que dos municipios del país concentraron 80.27 % del total de ese año. Esto ayuda a identificar en términos de fosas, un grado particularmente alto de violencia en estas dos entidades del país durante ese año”, detalla el informe presentado este miércoles 19 de junio.

En el caso de los otros cuatro municipio señalados, detalla el documento, también ayudan a identificar patrones de violencia.

Por ejemplo, los casos de Acapulco de Juárez y Taxco de Alarcón, donde la aparición de fosas ha sido una constante, “contribuyen a dimensionar que en efecto, ésta ha sido una de las regiones más violentas en el país en los últimos años”.

De acuerdo con la investigación, el caso de La Barca, en Jalisco, corrobora el mapa de las fosas clandestinas de 2013 y 2014, pues “muestra el comportamiento de una violencia más marcada así la región occidente del país, mientras que en el noreste y noroeste del país es por el caso de Juárez, Nuevo León, acentuada particularmente en 2010 y 2011”.

El estudio indica que entre 2009 y 2014 se hallaron 390 fosas clandestinas con 1,418 cuerpos y 5,786 restos en 23 estados del país, lo que significa que en cada estado “se registró por lo menos una fosa clandestina durante el periodo de seis años que abarcó el registro de las notas periodísticas en la base de datos”.

En el mismo lapso, Guerrero fue la entidad que concentró el mayor número de fosas, seguido por Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; los cinco suman 62.56 % del total.

La investigación señala que 2011 fue el año con el mayor número de fosas reportadas por los medios, con 143.

En cuanto a cuerpos exhumados en el periodo señalado (1,418), Durango fue la entidad con mayor número —a pesar de que no figura entre los estados con más fosas—, seguida por Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua; los cinco estados concentraron el 71.01% del total.

Aunque la investigación detalla que aún no se conoce con exactitud la magnitud de la inhumación clandestina en México, existen patrones y aproximaciones a considerar, como la coincidencia entre los resultados del estudio con otros indicadores de violencia en el país.

“Si observamos la tendencia de homicidios en el país de 2008 a 2015, es posible apreciar la simetría entre éstos con el reporte de fosas clandestinas en el país durante el periodo investigado”, explica.

Al igual que lo observado con los homicidios, el informe destaca que el hallazgo de fosas clandestinas también muestra una relación con la tasa de personas desaparecidas.

“Esta evolución coincide con el incremento en 2011 de los picos de violencia y su relación con los hallazgos de fosas, homicidios y personas extraviadas o desaparecidas registradas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Sin embargo, la diferencia apreciable es que los casos de desaparición continuaron en aumento en 2013 y 2014, a diferencia de los homicidios y las fosas”, expone.

Entre sus conclusiones, la investigación detecta dos patrones clave en el descubrimiento de fosas clandestinas: la presencia constante de fosas en ciertos municipios, además de aumentos en determinados años, y un alto número de fosas, cuerpos y/o restos exhumados en estados donde hubo violencia significativa en un año específico, así como la posible combinación de estas variables.

También señala el problema de que no todas las fiscalías o procuradurías estatales proporcionan información confiable sobre los hallazgos de fosas, por lo que formula dos hipótesis: que no todas las autoridades locales se preocupan por registrar y sistematizar la información, o que cuentan con datos, pero decide no proporcionarlos.