Más de 40,000 personas fueron interceptadas en el Mediterráneo y trasladadas a campos de detención y centros de tortura en apego a la política migratoria europea que es responsable de crímenes contra la humanidad, asegura un documento legal presentado hoy en el que se solicita que la Corte Penal Internacional acepte el caso.

Citando a documentos públicos de la Unión Europea, declaraciones del presidente de Francia, la canciller de Alemania y de otros altos funcionarios europeos, el documento arguye que las autoridades de la UE son conscientemente responsables de los decesos en tierra y altamar, de las violaciones generalizadas y tortura a manos de guardacostas libios financiados y entrenados a expensas de los contribuyentes europeos. La denuncia no hace mención de algún funcionario europeo, pero cita una investigación abierta de la Corte Penal Internacional sobre el destino de los migrantes en Libia.

“Le dejamos al fiscal, si él o ella se atreve, a ingresar a las estructuras del poder y a investigar en el corazón de Bruselas, de París, de Berlín y de Roma y ver, al buscar en los archivos de las reuniones de negociadores, quién estuvo realmente tras bambalinas intentando promover estas políticas que han desencadenado la muerte de más de 14.000 personas”, dijo Juan Branco, uno de los abogados que escribió el informe y lo compartió con The Associated Press.

El primer crimen, según el documento, fue la decisión de cesar la operación de rescate Mare Nostrum hacia finales de 2014. En un año, en esa operación fueron rescatados 150,810 migrantes en el Mediterráneo en momentos en que cientos de miles de personas cruzaban el mar. La operación tenía un costo superior a los 9 millones de euros al mes, casi todos pagados por Italia.

Fue reemplazada por una operación de nombre Tritón, financiada por los 28 miembros de la Unión Europea a una fracción del costo. Pero a diferencia de la previa, las embarcaciones del Tritón no hacían patrullajes directamente frente a las costas de Libia, origen de la mayoría de los frágiles botes que partían rumbo a Europa.

El número de decesos en el Mediterráneo se disparó. En 2014, unos 3,200 migrantes murieron en altamar. Al año siguiente, la cifra superó los 4,000 y en 2016 alcanzó su punto más alto con 5,100 fallecimientos y desapariciones, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para la Migración.

“El objetivo de esta nueva política fue sacrificar la vida de muchas personas a fin de impactar el comportamiento de muchas más”, según la denuncia. “También fracasó. Los cruces no disminuyeron como lo pronosticaron, porque el riesgo tiene pocos efectos disuasorios en aquellos que, para empezar, tienen poco que perder”.