Por Arturo Angel /@arturoangel20 para Animal Político

El 7 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer al cumplirse dos meses de la estrategia de combate al “huachicol”, que fuerzas federales habían detenido a más de 600 personas por presunto robo de combustibles. Y acusó que solo 60 habían quedado en prisión por culpa de la ley que era “muy blanda” y no contemplaba a este delito como “grave”, lo que permitía a jueces liberarlos aun cuando fueran procesados.

Pero datos oficiales obtenidos por Animal Político, vía transparencia gubernamental, revelan que no fue esa la causa por la cual la mayoría de ellos quedó en libertad. Fue el propio Ministerio Público Federal el que ante la falta de evidencia de que fueran realmente “huachicoleros” liberó, por su cuenta, al 56.5% del total de los detenidos.

No solo eso. En varios casos donde sí se llevó ante el juez a los detenidos, los fiscales ni siquiera solicitaron la medida de prisión preventiva para ellos y, de hecho, de los 162 donde sí la solicitó, solo en 11 casos elaboró los perfiles periciales que contempla la ley para sustentar el riesgo de un presunto responsable, y justificar el hecho de que tenga que quedar preso.

La información a detalle de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que, de diciembre de 2018  a febrero de 2019, fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal 655 personas por presunto robo de combustible, o delitos similares. De ese total, 72 terminaron bajo proceso y con la medida de prisión preventiva justificada, es decir, en prisión.

Se trata de un 10.9% del total de las personas detenidas. Estas cifras coinciden con las señaladas por el presidente en la conferencia del pasado 7 de febrero, sin embargo, es en las causas de la liberación de las personas aprehendidas donde está la diferencia.

¿Qué pasó entonces?

Los datos de la FGR arrojan que de las 655 personas que les pusieron a disposición del Ministerio Público (MP), éste determinó poner en libertad a 370 de ellas, que equivalen al 56.5% del total de los detenidos.

Se trata de casos donde el agente del MP consideró que no tenía elementos suficientes para sostener ante un juez la supuesta responsabilidad de la persona que le llevaron, en robo de hidrocarburos. Ante ello, la Fiscalía decide ponerlos en libertad, y en todo caso continuar por su cuenta con las investigaciones.

En cambio la FGR sí decidió llevar ante un juez a 281 detenidos, para tratar de que fueran procesados por robo de combustible. Esto es solo el 42.9% del total de las personas presentadas ante el MP.

De los que fueron llevados a tribunales, los fiscales consiguieron que el juez considerara que había datos de prueba suficientes para abrir proceso penal en contra de 215 de ellos. En tanto hubo 66 casos donde los presentados fueron liberados por el juez, al considerar que no había indicios suficientes para presumir su participación en actividades de “huachicoleo”.

Como se advierte de estos datos oficiales, apenas un 33% de los 655 detenidos -1 de cada 3 – terminaron vinculados a proceso por robo de combustible, paso previo a la imposición de una medida cautelar como es, por ejemplo, la prisión preventiva. Incluso aunque dicha medida cautelar de prisión ya hubiera sido automática para casos de “huachicoleo” (lo que el presidente denomina delito grave), no habría servido de nada pues las personas no fueron procesadas por falta de elementos.

Esto contrasta con la justificación que dio el presidente López Obrador en aquella conferencia de prensa, donde acusó que la libertad de los detenidos se debía a que el ilícito no era considerado “grave”, lo que significaba que no ameritaba prisión automática como medida cautelar.

“… la ley es muy laxa, muy blanda, por eso la reforma que está en el Congreso. Aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas para que sea delito grave. Sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo, ese fue el informe que nos entregaron el día de hoy”, dijo entonces el presidente.

Pero como los datos oficiales muestran fue la falta de evidencia, y no la ley o “gravedad” del delito, lo que provocó que la mayoría de los detenidos por “huachicoleo” fueran liberados.

Sin argumentos ante el juez

La información proporcionada por la FGR evidencia además que los fiscales no solicitaron en todos los casos la prisión preventiva justificada para las personas detenidas. De los 215 vinculados a proceso solo la solicitó para 162 de ellos. En el resto prefirió otras medidas como la prohibición de no salir del país, el acudir a firmar periódicamente al juzgado, etc.

Y de los 162 casos en los que sí solicitó este recurso, apenas en 11 casos presentó un dictamen elaborado por su unidad de medidas cautelares, en los cuales justificara la necesidad de mantener privado de la libertad al presunto delincuente. Se trata apenas del 6.7% de los casos donde la había solicitado.

Cabe señalar que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que para imponer la prisión preventiva el juez debe sustentar su decisión, a partir de un “análisis de evaluación de riesgo, mientras que el artículo 176 sostiene que el mismo debe ser elaborado por la unidad de “medidas cautelares”.

En julio de 2017 Animal Político reveló que a nivel federal dicha unidad no se había puesto en marcha, lo que le dificultaba para los fiscales el tener argumentos técnicos para sustentar la petición de prisión preventiva ante el juez, y a este concederla. Y aunque posteriormente se anunció su creación, autoridades federales han señalado que el funcionamiento de la misma es mínimo.

Pese a esta falta de argumentación los jueces federales concedieron la medida de prisión preventiva en 72 casos, como ya se dijo. Y en los casos donde los detenidos fueron procesados pero no se ordenó prisión preventiva, se establecieron medidas cautelares como la presentación periódica en el juzgado para firmar, pagos de fianzas y limitaciones para no salir de la entidad correspondiente.

Cabe señalar que con la reforma constitucional impulsada por el gobierno de López Obrador en materia de prisión preventiva oficiosa y que el Congreso ya aprobó, ahora no será necesario que los fiscales justifiquen la solicitud de prisión preventiva para los detenidos, pues los jueces ahora están obligados a imponerla en automático. Lo anterior siempre y cuando haya datos de prueba suficientes que permitan vincular a proceso a los detenidos.

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