La justicia retributiva es sencilla y directa: se reacciona rápida y proporcionalmente a una acción o estímulo externo. En materia de relaciones internacionales, el derecho público la toma por piedra angular pues rige el comportamiento civilizado entre naciones. Sin embargo, para el Estado Mexicano el llamado “principio de reciprocidad” se ha mantenido rigurosamente congelado frente a las amenazas e insultos del actual gobierno estadounidense. En otras latitudes dichas afrentas se contestan con firmeza diplomática, incluyendo la denominación del máximo representante de la Embajada agresora como Persona Non Grata –lo que implicaría su eventual expulsión del país-, según lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas signada en 1961. Con Corea del Norte (a consecuencia de unas pruebas balísticas nucleares) ya lo hicimos en alguna ocasión pero en el caso de nuestro vecino norteño esto no aplica. De momento no hay un Embajador formal despachando en Paseo de la Reforma, pues el inexperimentado Christopher Landau aun no es ratificado por el Senado de EU desde la salida de la veterana Roberta Jacobson, quien honorablemente renunció a su cargo el verano pasado en abierta protesta por la política xenófoba y ultra-nacionalista del Presidente Donald John Trump. Así las relaciones México-EU hoy en día. Aunque no somos la excepción, ya que docenas de importantes misiones diplomáticas hasta la publicación de este artículo siguen vacantes, tales como Arabia Saudí, Chile, Egipto, Irak, Naciones Unidas (ONU), Siria, Sudáfrica, Tailandia y Turquía, un reflejo de la caótica política exterior norteamericana desde que asumió la Casa Blanca el magnate supremacista. El académico Ryan Scoville de la Universidad Marquette recién publicó un ensayo donde afirma que solo el 5% de los candidatos seleccionados personalmente por Trump para dirigir las Embajadas de EU tienen experiencia política en la región que habrán de cubrir, una cifra dismal y contraria a la tradicional meritocracia del Departamento de Estado.

En 2004 cuando Washington impuso por vez primera su programa electrónico de visas México aceptó los cambios sin la menor protesta. Con una fórmula fuertemente cargada de pragmatismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) probablemente calculó –erróneamente– que el costo-beneficio de imponer a su vez esas mismas medidas a los ciudadanos norteamericanos que visitan al país sería económicamente contraproducente, bordando en lo catastrófico. En Brasil el entonces canciller Celso Amorim, sin embargo, tomó cartas en el asunto no por consideraciones monetarias sino como razón de Estado y algo que México carece desde hace largo tiempo: dignidad. A la fecha a todo ciudadano de EU que viaja al coloso sudamericano se le obliga a pagar 44 dólares estadounidenses por una visa de dos años o bien 160 dólares para aquella con vigencia de una década, tarifa idéntica a la impuesta por las autoridades de EU. Además, quienes aplican, deben ser convenientemente fotografiados y sus huellas dactilares registradas. El flujo de viajeros hacia Brasil se redujo inicialmente, pero eventualmente se estabilizó. En México los turistas gringos entran libremente, no así los mexicanos que viajan a EU. Ese dinero que pudo haber sido recaudado en reciprocidad serviría bien para mejorar la decrépita infraestructura que tenemos en los principales puntos de entrada incluyendo aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos terrestres.

Otro aspecto importante son los tiempos de espera. A los agentes norteamericanos de seguridad no les molesta mantenernos horas en fila esperando ser atendidos para presentar documentos migratorios. Si en las garitas al norte del Río Bravo 60 ó 90 minutos eran intolerables, en los últimos días el retraso supera ya las diez horas debido a una orden deliberada –más no pública– de mantenernos lo más vacilantes posible para ingresar a territorio estadounidense. Tampoco los vehículos de carga escapan a esta política de ahorcamiento comercial. Buena parte de los $612 billones de dólares, que es el valor del intercambio total anual de mercancías entre México y los Estados Unidos, peligran a consecuencia de esta medida unilateral. Casualmente sola la dirección de norte a sur permanece fluida. El costo de tan impulsivo plan fraguado desde la Casa Blanca aún es desconocido pero sin duda afectará tanto a empresas nacionales como a las estadounidenses que forman parte de una compleja cadena de suministro, particularmente la industria automotriz de nuestro lado que alimenta casi el 37% de todos los componentes que se requieren en EU. Trump se está dando un tiro en el pie y si no dimensiona correctamente esta auto-infligida crisis fronteriza podría perder valiosos votos de republicanos para su campaña del 2020, pues normalmente estos apoyan el libre mercado y detestan cualquier intervención del gobierno; en meses recientes muchos agricultores y ganaderos comenzaron a resentir el impacto económico de sus nocivos aranceles contra China, al subir el precio de algunas materias primas. El mensaje que envía al pueblo mexicano es de odio profundo hacia quienes de forma general describe como “criminales,” “violadores” y “narcomenudistas.” Como alguna vez dijo el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, refiriéndose al del peluquín amarillo: “¡Con amigos como éstos, ¿quién quiere enemigos?!”

Y es que las estadísticas parecen no respaldar la visión chauvinista de Trump. El gran universo de individuos que cruzan ilegalmente de México hacia Estados Unidos no son mexicanos, sino centro y sudamericanos que usan a nuestro país como terreno de tránsito. Contrario a lo que se piensa, el método más común para atravesar la barrera no es brincándola irregularmente, sino entrando con absoluta normalidad por los puertos fronterizos establecidos y permaneciendo después más allá de lo que el visado formalmente autoriza. Se tiene conocimiento de que en 2016 alrededor de 739 mil personas hicieron justo eso, según datos de los servicios de inmigración de EU. En sí es poco comparado con el millón y medio de personas que violaron las leyes de internamiento estadounidenses hace dos décadas. Si la Unión Americana está atravesando por una crisis en el número de migrantes que entran indebidamente (se estima que hay un total de casi 12 millones), en parte se debe a que muchas empresas dan trabajo a esos indocumentados con tal de pagarles un salario más bajo y sin prestaciones sociales. La misma posición hipócrita se sostiene con el tráfico ilícito de drogas. Washington exige a su contraparte mexicana detener el lucrativo mercado de sustancias prohibidas, pese a que hasta Marzo de 2019, una treintena de entidades federativas ya permiten el libre consumo y venta de marihuana en EU; en lugares como California, Colorado, Vermont y Washington, los adultos pueden incluso hacerlo por mero entretenimiento y no solo citando razones médicas. Según la encuestadora Gallup dos de cada tres americanos apoyan la legalización sin condiciones de esa droga. Los muertos, sin embargo, se quedan del lado mexicano. 33,000 –para ser exactos– el año pasado. Sin duda la corrupción y la impunidad rampantes en México desempeñan un papel importante en este fenómeno. Pero los norteamericanos agravan el problema al permitir que 144,000 armas clandestinas ingresen al año hacia nuestra frontera, según estudios especializados elaborados por la ONU. 70% de las pistolas y rifles en México pueden ser rastreados a EU, con al menos 580 cruzando de norte a sur por día si nos basamos en información revelada por el prestigioso diario Los Ángeles Times.

¿Qué puede hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner un freno a las agresiones infundadas de Trump y a la introducción de armamento ilícito a México? Para empezar, suspender todo programa de cooperación binacional. Hay cientos de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA), Central Intelligence Agency (CIA) y demás operadores del gobierno estadounidense que laboran de manera tanto abierta como encubierta en México sin supervisión alguna de nuestras autoridades. Se les puede expulsar sin la menor delación. Ya que viola la soberanía nacional y las disposiciones en materia de aviación civil internacional, a los alguaciles enviados por Washington que abordan vuelos aéreos en este país se les debe negar el derecho a portar armas en aerolíneas mexicanas. El Canciller Marcelo Ebrard tiene la capacidad de rechazar así mismo toda “ayuda” a través del Plan Mérida, que consiste en brindar equipamiento y capacitación militar estadounidense para la fracasada lucha contra el tráfico de estupefacientes. Nuestro país debe activar políticas de reciprocidad diplomática, desde el cobro de visados para turistas gringos que gozan de nuestras cotizadas playas hasta la imposición de aranceles a una amplia gama de productos norteamericanos, en represalia por la guerra comercial emprendida por el cuadragésimo-quinto Presidente de los Estados Unidos. Es una oportunidad única poder al fin diversificar nuestros socios comerciales globales, considerando que dependemos casi exclusivamente de una nación que en la práctica nos trata como siervos de quinta categoría. No olvidemos que China es una potencia en ascenso con un enorme mercado interno, y que tanto la Unión Europea como América Latina han sido excelentes aliados comerciales en los que México puede confiar sin tener que soportar humillación alguna. Solo hace falta ejercer con robustez nuestra diplomacia hacia el vecino del norte. Se aproximan tiempos complejos…

> Buena parte de los 612 billones de dólares, que es el valor del intercambio total anual de mercancías entre México y los Estados Unidos, peligran a consecuencia de esta medida unilateral.
> Hay cientos de agentes de la DEA y CIA que laboran de manera tanto abierta como encubierta en México sin supervisión alguna de nuestras autoridades. Se les puede expulsar sin la menor delación.
> El Canciller Marcelo Ebrard tiene la capacidad de rechazar así mismo toda “ayuda” a través del Plan Mérida, que consiste en brindar equipamiento y capacitación militar estadounidense para combatir el tráfico de drogas.