Organizaciones expertas y acompañantes del tema de la migración en México, exigieron a las autoridades gubernamentales acciones urgentes para la localización de los 41 migrantes que fueron desaparecidos entre San Fernando y Reynosa, Tamaulipas, y recordaron la impunidad sobre la desaparición forzada y masacre de 72 personas en esta misma zona en agosto del 2010.

Luego de que el Gobierno de la República informó que las víctimas dicha desaparición registrada el pasado 10 de marzo a la altura del ejido Palo Blanco son personas migrantes, las organizaciones Fundación para la Justicia; Casa del Migrante, Scalabrinianas y la Casa para Migrantes “La 72” se pronunciaron al respecto. 

“Estos hechos se dan en medio de un patrón de violencia ya documentado, que las autoridades no pueden ignorar”.

Además de lo ocurrido en y la impunidad en San Fernando en 2011 donde se han identificado a algunas personas de los 195 restos óseos recuperados en fosas clandestinas, las organizaciones recordaron que entre septiembre del 2008 y febrero del 2009 y durante todo el 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un total de 21 mil 91 migrantes víctimas de secuestro en todo México.

“En ese entonces la CNDH señaló que “esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante”. Se documentó también que en casos de “secuestros” de migrantes, estuvieron implicados agentes del estado. A la fecha, menos en los casos de las 3 masacres de migrantes documentadas en el norte de la República Mexicana, sigue habiendo impunidad; no hay ninguna persona sentenciada”, expresan las organizaciones. 

Solicitando que la CNDH transparente los procesos de cumplimiento de dependencias estatales y federales respecto a la recomendación emitida por la desaparición y masacre de San Fernando, bajo esa tesitura, suscribieron que la impunidad y la falta de procesos de justicia han sido los que no han garantizado la no repetición de actos como estos que desembocan en el suceso de este fin de semana. 

“La impunidad con que han contado los responsables de estos hechos en administraciones anteriores (por acción y/o omisión), alienta la continuidad de estas prácticas criminales, que dada la existencia de patrones de planeación, ejecución y/o encubrimiento, revelan sistematicidad, lo que puede constituir crímenes internacionales”, expresaron. 

Los organismos, llamaron a no criminalizar a los migrantes hasta hoy desaparecidos, dada la circunstancia de inseguridad en algunas entidades exigieron no minimizar la situación, y asimismo urgieron la colaboración de las instituciones para dar con el paradero de las 41 personas. 

“La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe realizar la búsqueda efectiva de estas personas, en coordinación con la Comisión Local y las autoridades estatales y federales que se requieran, para lograr dar con el paradero de las personas. La coordinación continua con consulados de otros países es fundamental para detectar posibles denuncias de desaparición. Por otra parte, ante una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Fiscal tiene la oportunidad de integrar un equipo especializado, donde converjan las autoridades y especialidades que se requieran para llevar a cabo una investigación efectiva. La evidencia del autobús debe ser debidamente resguardada a fin de que se aporten elementos para saber la identidad de las personas desaparecidas, se logre contacto con sus familiares, y obtener la información que se requiera”, exigen.