Las mujeres constituimos aproximadamente el 50% de la población en México y en el mundo, y por lo tanto, concentramos la mitad de su potencial. Lamentablemente, hoy las mexicanas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad que es urgente cambiar y que es imperante priorizar en la agenda legislativa. 

Las mujeres no solo hemos estado tradicionalmente en desventaja en términos económicos, educativos y profesionales, sino que nuestras vidas día a día corren un alto riego. Según ONU Mujeres, en México al menos 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, 41.3% ha sufrido de alguna clase de violencia sexual y, por si fuera poco, nueve mujeres son asesinadas cada día en nuestro territorio. Con estas cifras, México se encuentra alejado de ser un lugar que pueda proteger a las mujeres, garantizar sus derechos y maximizar su capacidad.

El feminicidio es un evidente mal en sí mismo, es una tragedia. El que 18 de las 32 entidades federativas (es decir, el 56% del territorio nacional) se encuentren formalmente declaradas en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es más que devastador. Sin embargo, con la muerte y la violencia hacia las mujeres no termina el sufrimiento para las familias. Ejemplo de ello es la descompensación patrimonial que la ausencia de una mujer representa en la vida de sus seres queridos, especialmente en las de sus hijos. En el 2017, el Inegi indicó que 3 de cada 10 mujeres en el país son madres solteras, lo que, en combinación con un ambiente poco propicio para la protección de la vida de las mexicanas, pone en riesgo a muchos menores de quedar sin ningún sostén económico y familiar. Esta descompensación patrimonial está directamente ligada al desarrollo de los hijos, de su educación, su salud, su alimentación; de su bienestar en general. 

Además, cuando los autores de los feminicidios son los esposos o parejas sentimentales de las víctimas, al ser enjuiciados o sujetados a proceso por la comisión del delito, los hijos atraviesan por un lado la pérdida de su madre, y al mismo tiempo el desamparo. Es por eso que no solo se ha vuelto urgente buscar medios para disminuir los niveles de feminicidio en México, además es indispensable proteger a aquellos que sufren en vida las muertes de estas mujeres: sus hijos. En aras de garantizar el pleno desarrollo de todas y todos los niños mexicanos, es necesario prever leyes que los protejan y que eviten que lo que ya es una desgracia familiar, se traduzca también en un impedimento para la subsistencia y el desarrollo. 

Si bien nuestro país cuenta con legislación para proteger a las víctimas, aún hay mucho por hacer. Una propuesta que se ha implementado en otros países y que pudiera ser útil en México es la de generar una compensación o pensión en favor de los hijos menores de 18 años; mayores de 18 años y que presenten algún grado notorio de incapacidad y aquellos de 18 a 24 años que se encuentren cursando algún grado de estudios reconocido por la SEP. Cada supuesto deberá abordar los requisitos necesarios para evitar que la erogación de recursos sea ineficaz o fraudulenta; así la ayuda llegará a las manos adecuadas. 

Así como esta iniciativa, es indispensable seguir buscando áreas para legislar que aborden al feminicidio de manera integral, y sobre todo, para acabar con la impunidad que incentiva este cruel delito, de esta forma podremos acercarnos a garantizar mejores condiciones de vida para todos y, en especial, todas las mexicanas.