El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una operación para monitorear a periodistas y activistas, entre otros, mientras investigaba la caravana de migrantes del año pasado desde México, reportó una televisora de San Diego el miércoles citando documentos filtrados.

Los informes, que incluían fotos de pasaportes o cuentas en redes sociales, fecha de nacimiento y otros detalles, se guardaron en una base de datos y algunos periodistas independientes tenían alertas sobre sus pasaportes y eran seleccionados para un segundo examen en las aduanas, dijo la cadena KNSD-TV.

A un fotoperiodista freelance se le negó la entrada a México por razones que nunca se declararon, agregó la televisora.

Los documentos, en forma de informes y capturas de pantalla, fueron entregados a NBC 7 Investigates por una fuente de Seguridad Nacional bajo condición de anonimato, según informó el medio. Entre los seleccionados para comprobaciones secundarias había 10 reporteros, siete de ellos ciudadanos estadounidenses, un abogado estadounidense y 47 personas de diversas nacionalidades clasificadas como organizadores, instigadores o “desconocido”, añadió.

La recopilación de la inteligencia se hizo bajo el paraguas de la “Operación Línea Segura”, que fue diseñada para monitorear la multitudinaria caravana que partió desde Centroamérica el año pasado con el objetivo de pedir asilo en Estados Unidos, contó la fuente a la televisora.

Un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) enviado a The Associated Press el miércoles explicó que el refuerzo de la seguridad se produjo tras una brecha en el muro fronterizo en San Diego el 25 de noviembre en una confrontación violenta entre miembros de la caravana y agentes. El choque provocó el cierre del cruce más concurrido del país durante cinco horas en el fin de semana de Acción de Gracias.

Estos "actos delictivos (...) que incluyeron agresiones a la policía y un riesgo para la seguridad pública, son monitoreados e investigados rutinariamente por las autoridades”, apuntó la CBP. "Por protocolo, después de estos incidentes se recopilan evidencias que puedan ser necesarias para futuras acciones legales y para determinar si el acto fue orquestado”.

El comunicado no abordó los detalles concretos de por qué había periodistas en la lista de pasaportes.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) condenó la operación.

"Esta es una abusiva violación de la Primera Enmienda”, dijo la abogada Esha Bhandari. "El gobierno no puede utilizar el pretexto de la frontera para atacar a activistas críticos con sus políticas, a abogados que proporcionan representación legal o a reporteros que simplemente están haciendo su trabajo”.

Según la fuente, los documentos, fechados el 9 de enero, fueron utilizados por la CBP y otras agencias, incluyendo algunos agentes del FBI en San Diego.

Dos fotoperiodistas independientes confirmaron a la televisora que la información que contenían sus informes era cierta. Ambos fueron sometidos a un examen secundario en cruces fronterizos y una, Kitra Cahana, fue parada en México, a donde se le negó la entrada, y tuvo que volar de regreso a Estados Unidos. No se les comunicó el motivo por el que estaban en el punto de mira de las autoridades.

Uno de los expedientes era sobre Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de Al Otro Lado, un centro legal para migrantes y refugiados en Tijuana, México. Su ficha incluía detalles como el tipo de auto que maneja y el nombre de su madre, informó KNSD-TV.

"El documento parece demostrar lo que asumimos hace un tiempo, que es que estamos en una lista de las autoridades diseñada para tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos que trabajan con solicitantes de asilo y que son críticos con las prácticas de la CBP que violan los derechos de los solicitantes de asilo”, dijo Ramos en un correo electrónico a la televisora.