Ciudad de México. A pesar de la crisis humanitaria que representa el problema de los desaparecidos en México (40 mil 180, según el registro oficial) y un sistema forense rebasado, 22 entidades se encuentran en falta respecto de las obligaciones establecidas por la ley general en la materia.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), hizo un llamado a los gobernadores para que, en un trabajo conjunto con el gobierno federal, se ponga en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), cuya primera sesión se realizará en los próximos días. Se espera la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todos los mandatarios estatales.

En estos 10 años (recientes) el cuerpo de una persona se registró en algún momento como no identificado y la pregunta es: ¿qué se ha hecho con los cuerpos? Los 26 mil cuerpos (no identificados) no necesariamente están en los institutos forenses. No hay capacidad para ello. Entonces, ¿dónde están? Están en una lista, pero ¿dónde están? ¿En fosas comunes? ¿En cementerios?, comentó a La Jornada.

La crisis es grave, abrumadora, por lo que ya no se vale simular; no es un compromiso político, sino una obligación legal, constitucional y moral, advirtió. No debe ser la Federación ordenando, sino el Estado mexicano respondiendo a una deuda histórica. 

En Guerrero y Jalisco, oficinas con una persona

Si bien algunas entidades ya formaron su comisión local o fiscalía de búsqueda de personas, lo hicieron prácticamente sin personal, como en Jalisco y Guerrero, cuyas instancias tienen sólo una persona.

La funcionaria tiene claro que el país no cuenta con los elementos técnicos ni la capacidad instalada suficientes para atender esta crisis, en especial porque todos los institutos forenses se vieron rebasados.

“Hablaba hace poco con la fiscal y con el encargado de servicios forenses de Tamaulipas y me decía ‘en el año 2000, en todo el estado había tres institutos forenses y cada uno con capacidad de seis cuerpos, o sea 18 en todo el estado”, relató.

En tanto, añadió, la capacidad de Colima, la entidad con menos población del país, es de 80 a 100 cuerpos.

Lo anterior es muestra de no haber reconocido antes, a escala nacional e internacional, la crisis en derechos humanos, de ahí que no hubo respuesta correlativa en recursos materiales y humanos para atender la situación. ¿Cómo le vamos a entrar a esta crisis forense?, planteó. 

Socialización del problema

No obstante, lo que más le preocupa es la falta de socialización del tamaño del problema.

Más allá de confirmar o no el número abrumador de decenas de miles de desaparecidos (y de otro tanto de restos humanos sin identificar), se trata de una crisis exacerbada en los 12 años recientes, con un crecimiento exponencial.

Sin embargo, sólo un sector específico, y por supuesto los familiares de las víctimas, reconoce la dimensión de lo que está pasando.

De ahí el reto de poner en la agenda pública el asunto de una gravedad tan profunda, aunque a pesar de ello no parece verse reflejado en la sociedad.

En los medios de comunicación salen más otras cosas. No puede ser posible que el tema de los tráileres (con cadáveres rondando en las calles de Jalisco) dure cuatro días en los medios y después salga el tema. No puede ser que aparezcan 69 cuerpos (en Colima) y dure dos días (la información) a nivel nacional, lamentó.

A mí lo que sociológicamente me estremece es la falta de respuesta social y mediática también, salvo casos muy concretos (como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa) que han alcanzado resonancia internacional.

Apenas el viernes pasado, Quintana recibió legalmente la CNB, y al mismo tiempo deberá analizar lo disponible tanto en documentos y bases de datos, como en recursos humanos y materiales.

De un presupuesto de 400 millones de pesos para este año, poco más de la mitad se va a las entidades como subsidio para atender los casos de personas desaparecidas.

El primer paso –para que esto despegue, expresa– es contratar a 43 personas, tamaño de la plantilla de la CNB (toda vez que a los trabajadores del año pasado se les dio por concluido sus contratos).

La entrevista con la comisionada se realizó el miércoles 26 de febrero, y en el piso que alberga a este organismo, una planta en el edificio del Consejo Nacional de Población, apenas hay algunos escritorios ocupados, de ahí que el trabajo por delante es un reto mayúsculo.

A dos semanas de haber asumido (el cargo), el propósito es construir la institución para que funcione con los 43 puestos que hay en estos momentos, dijo.

Quintana precisó que habrá que armar tres direcciones generales: de búsqueda (en vida, inmediata y en territorio); otra relacionada con la búsqueda en expedientes, así como un apartado de investigación histórica de los casos de la guerra sucia, sustancialmente.

Otro pilar es construir una base de datos sólida, con información que indique no sólo que una persona está desaparecida, sino el posible delito del que fue víctima, ya sea secuestro o trata de personas, por ejemplo.

Asimismo, detectar los problemas en las áreas forenses, porque lo que sabemos hasta ahora que una cosa es que el nombre de la persona haya pasado por los servicios forenses y otra es que el cuerpo siga ahí, indicó.