Durante la larga carrera por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador acuñó el término "mafia del poder". La palabra mafia refiere a organizaciones criminales en su mayoría secretas o clandestinas. Esto que en la Italia del siglo XIX era un auténtico "gobierno en las sombras", Mario Puzo logró retratarlo en "El Padrino" mostrándonos un mundo de códigos y prácticas entre capos.

Para despejar las posibles dudas, el hoy presidente publicó La mafia que se adueñó de México
 y del 2012. En ese texto, la "mafia del poder" se refería a 30 conocidos empresarios y políticos, muchos de ellos cercanos a Carlos Salinas de Gortari, acusados de utilizar su posición para adueñarse de México. En un país marcado por la desigualdad, la injusticia y la corrupción, la "mafia del poder" resonó y con razón, en el corazón indignado del electorado.

Cuando el presidente nombró un Consejo Asesor empresarial integrado por reconocidos integrantes de la lista de mafiosos como Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank, el concepto se volvió brumoso. De la confusión pasamos al asombro cuando el presidente se refirió a la "mafia de la ciencia". Las descalificaciones surgieron luego de las críticas por la designación de funcionarios sin idoneidad en posiciones clave del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El debate es relevante dada la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías presentada por la senadora morenista Ana Lilia Rivera. En esta propuesta, además de centralizar la toma de decisiones de la institución encargada de diseñar la política científica del país, se acotan las instancias de participación y de decisión de la comunidad científica y se abre la puerta a la desaparición de los centros públicos de investigación.

Esta semana el presidente arremetió por cuarta ocasión contra los expertos y la sociedad civil. El contexto fueron las acaloradas discusiones en el Senado en torno a la Guardia Nacional. En estos ejercicios, académicos y miembros de organizaciones sociales alertaron con datos duros sobre las posibles consecuencias de una estrategia que puede vulnerar derechos fundamentales e incrementar el baño de sangre en el país. Parecieron caer mal las críticas hechas a los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía, los cuales fueron exhibidos en su ignorancia.

La sociedad civil es por definición diversa y plural. En su acepción más amplia se trata de grupos de ciudadanos organizados para defender derechos e intereses. En cualquier país con aspiración democrática, existe una sociedad civil fuerte en la que caben distintas expresiones e ideologías. Comparativamente con otros países del mundo, la sociedad civil mexicana es débil pero está lejos de ser monolítica. Según el Centro de Estudios sobre la Sociedad Civil de la Universidad de John Hopkins, el 85 por ciento de los recursos que ejercen organizaciones de la sociedad civil mexicanas provienen de fuentes de financiamiento ajenas al gobierno. Desconcierta que un gobierno que se dice de izquierda no reconozca los esfuerzos de quienes tratan de impulsar, por la vía pacífica, una agenda de inclusión, justicia y ejercicio de derechos. Indigna que un gobierno que se dice socialdemócrata identifique a estos intermediarios como causa de la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad debilitando a la ya de por sí acotada sociedad civil. Preocupa que un presidente califique quién si y quién no es la auténtica sociedad civil. Mal empieza quien ve con recelo a una sociedad exigente, informada y organizada.