La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, que en el ejercicio 2017, en la anterior Legislatura, la Cámara de Diputados contrató a casi 5 mil empleados bajo el régimen de honorarios, que no pudieron entregar sus contratos ni la comprobación de sus tareas dentro de San Lázaro.

"Con la finalidad de comprobar la prestación de los servicios de 4 mil 90 personas contratadas por honorarios vinculadas a los grupos parlamentarios y al quehacer legislativo, y 739 personas con actividades en áreas administrativas, se solicitó a la entidad fiscalizada proporcionara, conforme a la cláusula octava de los respectivos contratos, los informes periódicos, estudios y/o investigaciones que debieron efectuar los prestadores de servicios con los titulares de las áreas; sin embargo, dicha información no fue proporcionada", detalla el informe entregado a la Cámara Baja.

EL UNIVERSAL, en enero pasado, publicó que las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados eliminaron casi 3 mil plazas de su tabulador porque "no cumplían con su función".

Además, la ASF detectó que subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en "subvenciones" y otros conceptos relacionados con actividades legislativas que en 2017 ascendieron a mil 59 millones de pesos correspondientes a nueve subpartidas de gasto y, por lo que, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos.